El precio de la luz sigue al alza. La primera quincena de este año ha traído un incremento en el precio de la electricidad en el mercado mayorista (llamado pool) hasta el punto de que la pasada semana se llegó a un nuevo máximo desde el año 2013, hasta alcanzar los 75,28 euros por MW hora. Este precio supone, aproximadamente, un tercio del recibo eléctrico que le llega al consumidor, ya que el resto se compone fundamentalmente de los costes de mantenimiento de la red, impuestos y tasas.
El hecho de que se haya llegado a superar los 75 euros MW hora ha hecho saltar las alarmas sobre la idoneidad del mecanismo instaurado para fijar el precio eléctrico, puesto que los trimestres anteriores el precio del MW hora rondó, de media, los 40 euros.
La causa de esta subida hay que buscarla, sobre todo, en las condiciones climáticas. El frío, la escasez de lluvias y ausencia de viento, así como los bajos niveles de reserva de agua en los embalses, está provocando que el sistema recurra a tecnologías mucho más caras, como el gas o el carbón. Además, el cierre por mantenimiento operacional de plantas nucleares en Francia también está contribuyendo al aumento de los precios. En definitiva, lo que ha ocurrido es una especie de tormenta perfecta que además ha provocado que no se pueda usar ni la eólica ni la hidráulica. De hecho, el uso de la energía eólica la pasada semana se situó a penas en el 16% de su capacidad instalada, un ratio extremadamente bajo. Esto demuestra la importancia de que las energías renovables participen en el mercado eléctrico para abaratar costes, puesto que está demostrado que cuando no están, el precio se encarece.
Pero, ¿cómo se fija el precio de la electricidad? Se trata de un sistema extremadamente complejo para el que, en realidad, el consumidor no está preparado. Para entenderlo, Jesús Matilla, ingeniero industrial en Geosfera, nos pone en antecedentes. La luz, hasta la entrada en vigor de la Ley 54/1997 del sector eléctrico, estaba en manos de unas pocas empresas en régimen de oligopolio y con una política de precios regulada y aparentemente controlada por el Gobierno. Fue en el año 1997 cuando la mencionada ley y su sucesora, la Ley 24/2013, aprobada por el Ejecutivo del PP, dibujan un nuevo escenario, liberalizando el mercado. Su primer objetivo era introducir la competencia e impedir que la cadena que va desde la producción de la electricidad hasta el consumidor final estuviera en manos de unos pocos.
Ahora bien ¿cuál es la estructura de nuestro sistema eléctrico? Es sencilla: generación de energía, la distribución y transporte de la misma, y el consumo. La generación la forman todas las centrales, de tipo convencional, las que consumen combustibles fósiles, las renovables y las nucleares. El transporte, actualmente en manos de Red Eléctrica (REE), junto a la distribución constituyen las redes eléctricas por las que circula la electricidad. Y, por último, los consumidores somos los que hacemos el uso de la energía final, una vez que ha llegado a nuestros hogares.
Abusos
Entendido como es la estructura de nuestro sistema eléctrico, toca comprender cómo funciona cada uno de ellos. Pues bien, la generación funciona en competencia. Las empresas acuden a un mercado marginalista de compra y venta de electricidad, regulado por un organismo llamado OMIE. Las generadoras ofrecen su energía a un precio y las comercializadoras acuden a comprarla en función de lo que estimen que sus clientes van a consumir. Son dos curvas de venta y compra que, cuando se cruzan, genera un precio final. “Es un sistema que tiene algunas asignaturas pendientes”, explicó Matilla. “Las reglas del mercado de compra venta deberían revisarse porque se encuentra después de casi dos décadas obsoleto”. En contrapunto, el transporte y la distribución se mantienen como actividades reguladas por el Gobierno. Y, los consumidores, que “libremente elegimos la potencia y la energía que consumimos, atendiendo a nuestras necesidades”.
Matilla matiza que, para evitar “abusos” no puede haber ninguna empresa que participe a la vez en la generación y distribución y comercialización y explicó que este mercado de compra y venta de electricidad, funciona como una especie de subasta diaria, en la que a las 20:15 horas se fija el precio para cada una de las horas del día siguiente. Después, se abren las convocatorias intra diarias, donde acuden aquellas comercializadoras y generadoras que prevén que van a demandar más o menos electricidad, “digamos que se realizan los ajustes de última hora”.
Ahora bien, éste precio final que sale del mercado eléctrico, es la parte correspondiente a la generación de energía. “Para que nos entendamos”, explicó Matilla, “la subasta te dice a cuánto está el kWh, el precio por cada unidad. La cantidad de kWh por ese precio unidad que tu consumas constituye una parte de la factura, a esto se le añade la potencia contratada, más los costes del transporte y distribución, los impuestos, así como el coste del servicio por interrupción, entre otros”.
A partir de ahí, “atendiendo a la potencia que necesites, el nivel de tensión (baja o alta) y la discriminación horaria, el consumidor podrá acceder a las llamadas tarifas de acceso a la red, que determinan el cargo regulado por el Gobierno por el uso de las redes de transporte y distribución”. Lo normal es que la mayoría de los usuarios, los de una potencia contratada inferior a los 10kW, que son más de 13 millones, tengan la llamada tarifa 2.0. y, dentro de ella, pueden acogerse al precio de venta al pequeño consumidor (PVPC) regulado por el Gobierno o acudir al mercado libre. A partir de 10 kW hay toda una gama de tarifas, todas reguladas, a las que normalmente pueden acceder empresas y pymes. Las comercializadoras ofrecen en este último caso, varios tipos de contratos. “Mucha gente desconoce éstos pueden ser muy beneficioso para los consumidores, en cuanto al ahorro del precio y de energía. Hay empresas que se han ahorrado hasta 17.000 euros al año, con medidas únicamente relacionadas con la contratación de su factura eléctrica”.
El consumidor tendrá entonces, primero, que elegir la comercializadora que quiera, y después adecuarse a la tarifa que mejor se adapte a sus necesidades. Acogerse a la discriminación horaria es una opción “interesante” para el consumidor, porque una familia media puede ahorrarse hasta 20 euros al mes. Otro margen de ahorro es la potencia contratada. “Muchas empresas y familias sobrecontratan una cantidad importante de potencia que no utilizan”.
La idea del Gobierno es que los ciudadanos sepan que producir energía es caro. Por eso la variación de precios. “Si todos consumimos a la misma hora, el canal por el que circula la misma tendrá que ser mayor, más costoso por tanto, por eso es importante repartir el consumo a lo largo del día”. En este punto, el Gobierno decidió favorecer el consumo responsable, deslocalizado las horas puntas e informando de cuánto cuesta la electricidad en cada momento del día.
La otra parte de la factura es la potencia contratada. Una vez que los consumidores pueden hacer un ejercicio de responsabilidad y controlar su gasto energético consumiendo en horas más baratas y utilizando tecnologías más eficiente, queda la potencia. “Es un término fijo, una vez fijada la cantidad a contratar, no fluctúa en relación al comportamiento del usuario y la comercializadora la cobra en su totalidad, la utilice o no. Sólo puede modificarse la potencia contratada sin coste alguno una vez al año”.
Grosso modo es así como se fija el precio de la electricidad, aunque bien es cierto, como dice Matilla que cuando hay una bajada, por ejemplo por unas condiciones climatológicas favorables a las renovables o un descenso del petróleo, nadie dice nada.
Mismo precio en toda España, pero no en Canarias donde costará más
El precio que se fija en el mercado eléctrico es igual para toda España, pero “por desgracia se va a matizar” recuerda Jesús Matilla. El Gobierno aprobó en 2015 el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, es decir Canarias, Baleares, Ceita y Melilla. La idea de este decreto es que los territorios extra peninsulares, entre ellos el Archipiélago canario, sean conscientes del sobrecoste que tiene producir la electricidad en sus territorios, y esa conciencia se tiene que pagar. Se puede decir que este decreto aún está en veremos, puesto que “aún no se sabe cómo se va a articular y traducir en el mercado eléctrico, puesto que va a ser muy complicado, pero la opción, por desgracia, ya está siendo barajada”, declaró.
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