El Cabildo de Tenerife aprobó en sesión plenaria una moción por la cual impulsará un plan de recuperación paisajística de la totalidad del ámbito afectado directa o indirectamente por las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar. Con esta moción, presentada por Podemos y en la que votó en contra el PP, el Cabildo manifiesta su respaldo institucional a las sentencias judiciales que fijan y cuantifican responsabilidades que permitan la efectiva restauración de los barrancos de Güímar, y la Corporación insular impulsará un plan de restauración integral del ámbito afectado, junto al resto de las administraciones públicas, como dice la sentencia de hace un año de la Audiencia Provincial.
Curiosamente, Podemos se abstuvo en el punto 7 de la moción, en la que CC se comprometía a pedir a todos los diputados autonómicos que se sumaran a esta iniciativa, algo que Podemos en el Parlamento no apoya, por lo que exigió la abstención de sus consejeros insulares en ese punto, una grieta más entre militantes de Sí se puede y Podemos.
La intención del Cabildo es garantizar la recuperación paisajística en su totalidad, así como el encauzamiento del barranco y mantener la actividad agraria.
La restauración de los barrancos se hará bajo la premisa de que el coste de restaurar las canteras correrá a cargo de las personas y entidades condenadas, y el plan de restauración aprovechará los materiales resultantes de la excavación necesaria para reconstruir un cauce viable sin que afecte a las explotaciones agrícolas.
Condenados
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ratificó el 28 de enero de 2016 la condena de un año y tres meses de prisión para los tres empresarios que se se reconocieron autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos, una sentencia que habían negociado las partes y que evitó que entraran en prisión.
También condenó a Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia con multa de 30 euros diarios durante nueve meses, un año y seis meses de inhabilitación para actividad minera, costas del juicio y restaurar antes de dos años (les queda uno) el equilibrio ecológico perturbado, cuantificado en unos 150 millones de euros a pagar entre los tres, según el plan de rehabilitación que deben confeccionar las administraciones implicadas: Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento.
El otro acusado, Francisco del Rosario (hoy en prisión), prosiguió en juicio y terminó siendo condenado en abril con tres años de cárcel, sin que prosperara su recurso ante el TS o su petición de indulto.
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