El entonces portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Adeje, Alfredo Goñi, denunció en 2004 la posible implicación de dos trabajadores municipales en las peleas de perros, además de mostrar su preocupación por la supuesta utilización de canes de la perrera municipal en las mismas. Tal denuncia recobra actualidad tras la redada efectuada a nivel nacional contra este tipo de maltrato animal, en la que resultó detenido un policía local de dicho municipio sureño, ya suspendido de sus funciones.
Por aquel entonces, Goñi optó por enviar un escrito al alcalde de Adeje de entonces y ahora, José Miguel Rodríguez Fraga, al objeto de que abriera una investigación sobre el tema, después de que -tal y como recoge el DIARIO DE AVISOS del 2 de abril del referido año- recibiera varios anónimos al respecto.
Aseguraba el exconcejal nacionalista que era aconsejable llevar a cabo “una investigación minuciosa de los hechos que anónimamente se denuncian y que se dé cuenta de la misma en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento”. También solicitaba que “si se comprueba que los hechos son ciertos, se tomen las medidas cautelares correspondientes y se acuda a la Justicia”. Añadía Alfredo Goñi en tal escrito a Rodríguez Fraga que recibió una nota anónima, que le enviaron “desde el Ayuntamiento de Tacoronte”, y que “en llamadas telefónicas y averiguaciones” le habían dicho que se matan perros “mediante el método del martillazo en la cabeza”.
Aunque por aquel entonces las peleas de perros aún no estaban consideradas como delito en el ordenamiento jurídico español (tal reforma del Código Penal se produjo en julio de 2015), Goñi ya consideraba en 2004 que “si esas acusaciones son ciertas, se debería aplicar un castigo ejemplar a las personas responsables de esas peleas de perros tan crueles”.
Como recordará el lector, la reciente redada a nivel nacional se inició en una finca de La Medida (Güímar) a mediados del mes en curso y, como fruto de todo el operativo, que alcanzó cuatro provincias españolas, se arrestó a 34 personas y se practicaron, al menos, 17 registros domiciliarios, además de salvar a unos 230 perros de la presunta organización criminal desmantelada.
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