Apenas quedan 10 meses para que la totalidad de inmuebles, públicos y privados, echen abajo sus barreras y garanticen la total accesibilidad de las personas. Ante esta situación, colectivos y gestores de fincas han mostrado su preocupación, ante DIARIO DE AVISOS, por la cercanía de la fecha y la falta de información que se maneja hasta el momento. Incluso, algunos de los afectados confiesa que desconfía de que se llegue a cumplir con la norma en la fecha marcada. El próximo 4 de diciembre es el últimos día para que administraciones públicas y comunidades de propietarios lleven a cabo las acciones oportunas para que cualquier persona pueda acceder en igualdad de condiciones. La fijación de esta fecha procede de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que posteriormente fue adaptada a los dictámenes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre las obras más frecuentes que se deben llevar a cabo en las infraestructuras se encuentran la incorporación de un ascensor o una silla elevadora, la construcción de una rampa, la supresión de escalones o la instalación de indicadores luminosos y de sonidos.
Carmen Suárez, presidenta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, explicó a DIARIO DE AVISOS que, ante “la falta de información que se maneja”, se ha solicitado, en el caso de la capital, una reunión con el Ayuntamiento, que se celebrará próximamente. Insistió en que, aunque no se tiene cuantificado el número de comunidades de vecinos, se calcula que el 70% del total debe adaptarse a la norma y llevar a cabo varias actuaciones. Recordó que, hasta el momento, las comunidades estaban obligadas a ejecutar modificaciones si así eran demandadas por un propietario, inquilino o un trabajador, pero ahora, a partir de diciembre, las obras deben llevarse a cabo independientemente de que sean solicitadas. Suárez apuntó que estas medidas para adaptarse a la ley son costosas. Como ejemplo, informó de que incorporar un ascensor a un edificio puede costar hasta 60.000 euros, mientras que una silla elevadora supone gastar cerca de 5.000 euros.
La presidenta del colectivo Queremos Movernos, Ana Mengíbar, se mostró también preocupada por la cercanía de la fecha de adaptación y la falta de datos, al menos por parte de las administraciones públicas, sobre los plazos que prevé para cumplir con la norma. Insistió en que es necesario, también, que las instituciones den más información sobre las líneas de ayudas que han puesto sobre la mesa para contribuir a financiar las distintas medidas. Mengíbar destacó que esta regulación no solo permitirá la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad, sino que también se contempla a aquellas con movilidad reducida y personas mayores de 70 años. Recalcó que la discapacidad no solo tiene que ver con barreras físicas, sino también con problemas cognitivos. “Hay bastante tarea por hacer y veo a las administraciones muy relajadas”, dijo. “No estamos por la labor de que nos sigan discriminando, por eso a partir del día 5 de diciembre veremos si tomamos medidas legales”, afirmó.
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