La polémica por el proyecto de Ley del Suelo que promueve el Gobierno canario ha llegado esta semana hasta el pleno del Parlamento Europeo. La eurodiputada asturiana de Izquierda Unida (IU) Ángela Vallina apeló desde su escaño a las instituciones de la Unión Europea (UE) a aplicar el “principio de precaución para que no tengamos que lamentar más daños irreparables en el valioso medio natural de Canarias cuando ya sea demasiado tarde”.
La europarlamentaria, que se reunió la pasada semana en Tenerife con la plataforma Canarias por un Territorio Sostenible (principal movimiento social contrario a esta reforma legislativa), se refirió a este proyecto de ley y a la llamada Ley de las Islas Verdes, ya vigente, “una nueva amenaza que planea sobre Canarias y sus ricos ecosistemas”.
En el pleno celebrado el miércoles, la eurodiputada recordó que la Comisión Europea ya está investigando la posible vulneración de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente con las modificaciones introducidas en la Ley 6/2002 de ordenación de la actividad turística de La Gomera, El Hierro y La Palma, pues “a pesar de la declaración de interés general por parte de las autoridades canarias, los proyectos han de cumplir con los requisitos de protección que establece el derecho medioambiental europeo”. De ahí que instó al Parlamento Europeo a que “siga vigilante” sobre estos cambios legislativos en Canarias. En declaraciones realizadas ayer a este diario, Vallina insistió en que “parece que el Gobierno canario, y los catedráticos que le han redactado la Ley del Suelo, se han olvidado de que hay que cumplir con el derecho comunitario, que es de obligado cumplimiento en Canarias”. Enfatizó la representante de IU que “la directiva europea que protege los espacios y hábitats de la Red Natura en las Islas prima sobre las leyes estatales y autonómicas”.
En cuanto a uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de Ley del Suelo, el vaciado de competencias del órgano autonómico que ahora vigila y aprueba el planeamiento urbanístico que proponen ayuntamientos y cabildos (la Cotmac), Vallina se mostró contraria a esa modificación de competencias. “Visto como llevamos los pelotazos urbanísticos en este país, de violación de las leyes , con tantos casos de corrupción, es necesario redoblar la vigilancia del planeamiento, para evitar ilegalidades, y no basta decir, como los que defienden el proyecto de ley, que para el control de la legalidad están los tribunales de Justicia”, sentenció la eurodiputada. Reparó en que en Asturias, donde ha sido alcaldesa, existe ese órgano regional, la Comisión de Ordenación del Territorio Asturiano (Cuota).
Por otra parte, Vallina ha presentado ante la Comisión Europea un conjunto de preguntas parlamentarias destinadas a que Bruselas “no pierda de vista las distintas agresiones contra el medio que se están produciendo en las Islas”. La primera de ellas tiene que ver con la propia Ley del Suelo y de Islas Verdes, sobre la que Vallina reclama al Ejecutivo de la UE que informe al Parlamento Europeo del contenido de las investigaciones y facilite que los colectivos implicados en su denuncia tengan acceso a toda la información posible. Vallina ha vuelto a dirigirse a la Comisión Europea para denunciar también los, a su juicio, “graves problemas medioambientales” que puede causar en la playa de La Tejita -Granadilla de Abona- la construcción de un “macrohotel”, teniendo en cuenta que las obras están a escasos metros del espacio natural LIC y ZEPA Montaña Roja incluido en la Red Natura 2000. Por ello, la eurodiputada se reunió con la Plataforma Salvar La Tejita, a la que ya recibió en Bruselas y acompañó a la comisión de Peticiones, que finalmente aprobó solicitar una evaluación de impacto ambiental del proyecto, según recordó ayer Izquierda Unida. La europarlamentaria reclama así datos a Bruselas sobre esa evaluación después de visitar la zona y comprobar in situ que “el vallado de la parcela impide el paso de la arena y ha supuesto ya una reducción de las dunas”. “La Tejita forma parte de un ecosistema arenoso único, amenazado por obras como la del puerto de Granadilla y de nuevo por este proyecto de urbanización extensiva”, subrayó.
Denuncias ante la UE sobre vertidos y basureros en el Sur de Tenerife
La eurodiputada de IU ha presentado una serie de preguntas y denuncias ante la Comisión Europea. Unas vuelven a ser relativas a los vertidos de aguas residuales e industriales en la playa de Lima, en el Valle de Güímar, ya que no se separan las del centro urbano y el polígono industrial, por falta de una depuradora, para la cual ya se destinaron fondos europeos y ahora el Gobierno canario pide más. Otras denuncias aluden a “al menos cuatro vertederos o basureros ilegales en Guía de Isora, Güímar, Granadilla y Santiago del Teide”, cerca de espacios naturales, incluso de de Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
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