
El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria concluyó ayer en el Parlamento sin que CC y ASG lograran lo que se proponían con la reforma electoral: un acuerdo, en el que llegaron a tener la víspera el visto bueno firmado del PP, para que las Cortes no pudieran aprobar ninguna modificación del sistema electoral que no esté negociada en el Parlamento canario, so pena de que este hiciera uso de su potestad de reclamar la devolución del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, a trámite en Madrid, porque se le hubieran hecho cambios “sustanciales”.
Lo que se aprobó finalmente, con el único rechazo de Podemos, fue que el nuevo sistema electoral en 2019 esté basado en la “proporcionalidad” entre el voto y el equilibrio territorial, y centrado en las conclusiones que logre la comisión de estudio sobre este asunto en el Parlamento autonómico. Sin embargo, este era el punto amable de la propuesta que había desatado la caja de los truenos, pues el PP había aceptado inicialmente incluir otros dos asuntos más a CC y ASG (los tres partidos suman mayoría absoluta), con los que se intentaba bloquear la capacidad de maniobra en las Cortes, donde hay varias mayorías absolutas posibles para aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía, dado que el PSOE, con Ciudadanos y Podemos, lo puede sacar adelante sin PP y CC.
La portavoz del PP, Australia Navarro, alegó que en ningún caso habían pretendido “paralizar” la reforma electoral, incluso dejó claro que su partido es de los más perjudicados por el sistema actual (tiene más votos que CC, pero seis diputados menos), sino reivindicar que el acuerdo se tomara en Canarias. Al diputado de Podemos Juan Márquez, lo ocurrido le pareció “un espectáculo bochornoso” y cree que, en realidad, el PP solo ha dado marcha atrás, porque, de no ser así, NC podía romper las negociaciones para apoyar los presupuestos del Estado. “Queremos que Canarias tenga un sistema electoral justo y lo vamos a conseguir”, remachó. Luis Campos (NC) dejó claro que PP, CC y ASG habían hecho una “amenaza en toda regla a mejorar la calidad democrática” de Canarias, pero no dejó de reconocer como un hecho positivo la rectificación de los populares, porque dar ese paso “siempre es difícil” en política. Aunque también justificó que retiró su propuesta para favorecer el “consenso”, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, se mantuvo firme en que “nadie” le “ha convencido de que la triple paridad es injusta o desproporcionada”. “¿Acaso es más justo este sistema con una la lista regional que dé cinco diputados más para Tenerife y cinco más para Gran Canaria?”, cuestionó, en alusión a una de las opciones de mínimos que existen sobre la mesa.
Desde CC-PNC, Elena Luis, también apeló al “consenso” en este asunto y al “respeto” al trabajo de la comisión de estudio, y apuntó que su grupo no rechaza que haya más proporcionalidad, sin perder el equilibrio entre islas. Eso sí, argumentó que “si no decidimos en Canarias, ¿para qué hemos creado una comisión, para que resuelvan en Madrid?”. La voz más dura fue la del portavoz socialista, Iñaki Lavandera, que agradeció que el PP rectificara “en el último momento” y se desmarcara de una propuesta que tachó de “una burla” a los canarios y supone una “voluntad inequívoca” de perpetuar la disposición transitoria del vigente Estatuto de Autonomía que regula el actual sistema electoral “35 años más”. A Lavandera no le cupo duda de que el PP, hasta que cambió de idea, se había puesto “de rodillas” ante Coalición, lo cual “prueba hasta dónde llega CC “para frenar su decadencia y mantenerse en el poder”. “No vamos a admitir un chantaje al desarrollo autonómico de Canarias”, enfatizó el socialista, dado que retirar de Madrid el Estatuto de Autonomía supondría renunciar al aumento de competencias previsto para Canarias.






