El número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, por haberse transmitido a un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a las 28.900 en Canarias (15.300 en Las Palmas y 13.600 en Santa Cruz de Tenerife), según cálculos realizados por la empresa de tasación Tinsa. Más de 550.000 en toda España. Es decir, que a partir de ahora, cerca de 30.000 propietarios de inmuebles en las Islas podrán reclamar a los ayuntamientos el dinero cobrado de más si vendieron su propiedad con posterioridad a febrero de 2013.
Las corporaciones municipales se enfrentan de esta manera a una avalancha de reclamaciones, después de que el Tribunal Constitucional respaldara el pasado 16 de febrero que no se le puede exigir al vendedor de la propiedad el pago de un impuesto que grava el incremento de su valor cuando en realidad éste no se ha producido.
Por ejemplo, una vivienda que se adquirió en 2005 por 420.000 euros y que actualmente tiene un valor de mercado de 350.000; si se vendiera, la plusvalía se elevaría a casi 10.000 euros, a pesar de que el propietario ha sufrido una pérdida patrimonial de 70.000 euros.
La asociación por la defensa del contribuyente, Davide, hizo un estudio ya en 2013 sobre 40 de los 81 municipios canarios y comprobó que en el 100% de los casos se cobraba de más. En el caso concreto de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, las dos capitales de provincia, la recaudación de más rondaría los 8 millones de euros. Teniendo en cuenta un estudio de la FEMP que revela que los exceso podrían oscilar entre los 1.500 a los 50.000 euros, las estimaciones es que se ha recaudado del orden de 800 millones de más en toda España.
La Fecam se reúne este viernes para buscar una fórmula para atender las reclamaciones
La plusvalía es un tributo municipal directo que se aplica únicamente a los bienes de naturaleza urbana y toma como referencia el valor catastral del suelo y los años que dicho inmueble ha estado en manos de su propietario. Para reclamar el dinero cobrado de más la vivienda tiene que haberse vendido con posterioridad a febrero de 2013 y antes de presentar la reclamación en el ayuntamiento, para posteriormente recurrir a la vía judicial, hay que llevar un informe que acredite la pérdida del valor del inmueble producida entre el momento de la compra y la venta. El presidente de Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramos Plasencia, explicó que el próximo viernes se celebrará un Comité Ejecutivo para analizar las incidencias que las reclamaciones puedan provocar en los ayuntamientos y señaló que espera que no se produzca “ninguna complicación” y que el asunto sea tratado con “cautela” por las corporaciones locales.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas