Un secreto a voces para los lectores de DIARIO DE AVISOS. La nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife se construirá durante los próximos ocho años en un solar de 22.729 metros cuadrados existente en la calle de Los Bimbaches (El Sobradillo).
Así lo confirmaron ayer tanto el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, como el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante una rueda de prensa en la que se repartió un informe de los técnicos del Ejecutivo regional cuyo contenido ya fue desvelado igualmente por este periódico hace cerca de un mes. También asistieron el director general de Justicia regional, Cesáreo González, y el asesor Joaquín García. En dicho documento, la valoración de la opción de El Sobradillo está muy por encima de las otras barajadas, dos de ellas en el polígono Cepsa-DISA y una más en Cabo Llanos. Básicamente, las ventajas observadas desde el Ejecutivo regional pasan por la extensión del terreno del suroeste, ya que es el único de los cuatro, dada su extensión, que permite unificar todo lo referente a la administración de Justicia existente en la capital, un sueño dada la dispersión actual.
Ello implica que allí estarán todos los juzgados (hace poco hubo que recurrir a un subterfugio legal para ubicar dos, ¡en La Laguna!), pero también la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (hoy en el inmueble de la plaza de San Francisco), el Registro Civil y el Instituto de Medicina Legal.
Las dimensiones del solar de El Sobradillo acabarán asimismo con el acuciante problema del Palacio de Justicia actual, carente de plazas de aparcamiento suficientes para un inmueble por donde, diariamente, pasan unas 5.000 personas. Respecto a la conectividad, si bien se renuncia a la cercanía con el Intercambiador, lo cierto es que la inmediatez de acceso desde la calle de Los Bimbaches a la TF-2 es una garantía al respecto, dado que enlaza con la TF-1 y con la TF-5, las dos vías de mayor tránsito y recorrido de toda la Isla. Un dato más, nada baladí, es el ahorro de los 1,2 millones de euros que gasta anualmente el Gobierno de Canarias en alquileres, por cuanto el terreno es de su propiedad.
En cuanto al Ayuntamiento, todo son parabienes para la opción finalmente elegida, que además supone un hito urbanístico para la capital tinerfeña, dado que nunca se había llevado a cabo una descentralización administrativa de estas dimensiones y se adapta a los planes de crecimiento previstos para la urbe. “Tenemos que tomar este tipo de decisiones pensando en el futuro y un desarrollo más equilibrado del municipio”, recordaba ayer Bermúdez, que aprovechó para pedirle a Barragán que acortase el plazo de construcción de ocho a seis años.
El informe de los técnicos municipales marca con claridad las desventajas de las otras tres posibilidades desde la perspectiva municipal, ya que hasta habría que modificar el planeamiento vigente para instalar allí un nuevo Palacio de Justicia. Sirva este párrafo de dicho informe como síntesis de lo expuesto: “Consultadas las bases de datos de patrimonio público de suelo, no existe una parcela vacante de similares características a la referida, sita en El Sobradillo, más cercana al área actual del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife”.
Lo que no sale en dicho informe, pero que también es de enorme interés para la Corporación local es que, al abandonar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias su actual emplazamiento junto a la plaza de San Francisco, el histórico inmueble que hoy lo alberga pasará a manos del Ayuntamiento, como se acordó hace lustros.
Con la decisión de impulsar al fin esta Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, se pone así punto final a un culebrón iniciado en 2006, si bien (así lo recordó ayer Bermúdez durante la rueda de prensa) ya cuando se inauguró el actual Palacio de Justicia en la avenida de Tres de Mayo se reconoció que era insuficiente para el cometido por el que se había erigido.
Renovar las sedes judiciales de la capital tinerfeña figura, además, entre los objetivos prioritarios marcados por la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias desde el inicio de la actual legislatura, un compromiso renovado tras el cambio de consejero, al suceder Barragán al socialista Aarón Afonso como consecuencia de la ruptura del pacto de gobernabilidad entre Coalición Canaria y el PSOE en diciembre pasado.
Sin embargo, no todos celebran la elección de El Sobradillo, como ya explicó ayer este periódico. Aunque las dos administraciones públicas mantuvieron reuniones con todos los sectores implicados (gracias a lo cual recabaron, por ejemplo, el apoyo de los representantes de los trabajadores), el pasado miércoles mostraron su rechazo tanto la Asociación Francisco de Vitoria (a la que pertenecen la gran mayoría de los jueces provinciales) como el Colegio de Abogados de Tenerife, donde medio centenar de letrados votaron sin dudar por la opción de Cabo Llanos, también preferida por los magistrados.
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