La juez que investiga las causas y responsabilidades del derrumbamiento del edificio Julián José, en Los Cristianos, en el que fallecieron siete personas el 14 de abril de 2016, ha encargado nuevas acciones dirigidas a esclarecer una posible relación entre las obras que acometió Banesto hace ahora 14 años y el desplome del bloque de viviendas.
Concretamente, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona ha encargado tres medidas: la identificación por parte de la Policía de la persona que ocupaba el cargo de subdirector de la entidad bancaria en el periodo en el que se realizaron las obras para citarlo a declarar; el envío del segundo informe pericial de la empresa Atlante a los peritos que realizaron el primer estudio (ambos encargados por los servicios técnicos del Ayuntamiento), para que examinen el de Atlante antes de que comparezcan en el Juzgado a ratificar el suyo; y el envío de un oficio al Banco Santander, entidad que acabó absorbiendo a Banesto en mayo de 2013, para que proceda a identificar quiénes son los responsables del departamento de inmuebles en el momento en que se ejecutaron las reformas. Tal como informó DIARIO DE AVISOS, la juez instructora llegó a tomarle declaración al director de la oficina en 2004, aunque se trataba de un directivo que asumió el puesto después de las reformas.
Por tanto, en la actual etapa de la instrucción el foco de la investigación se dirige a la entidad que acometió los trabajos, que consistieron fundamentalmente en la “eliminación total de los cerramientos de la fachada de la planta baja, junto con el diseño asimétrico de la estructura”, según consta en las conclusiones del primer peritaje encargado en abril de 2004, a raíz de la aparición de grietas en el inmueble, por la comunidad de propietarios al arquitecto técnico Carlos Andrés Ruiz.
Fuentes cercanas al caso indican que todo apunta a que los últimos propietarios del local, que en el momento en que se produjo el derrumbamiento trataban de acondicionarlo para abrir una perfumería, no serán llamados a declarar hasta que se clarifiquen las pruebas que afectan a Banesto, un trámite que “podría llevar los dos o tres próximos meses del procedimiento”, afirman las fuentes consultadas.
La investigación judicial marcha a buen ritmo y las previsiones indican que a lo largo de este año la juez emitirá el auto que pondrá fin a la instrucción, que determinará los hechos punibles y quién los ha cometido. Para que eso ocurra, tanto el fiscal como las acusaciones dirán qué personas y qué delitos concretos son.
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