El llamado caso La Ninfa, que versa sobre presuntas irregularidades cometidas en un edificio capitalino, emitió ayer claras señales de caminar hacia el sobreseimiento después de que el tribunal que lo juzga optase por suspender el juicio cuando apenas arrancaba la primera sesión del mismo en una audiencia pública celebrada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En realidad, la sesión ni siquiera superó el trámite rutinario de las cuestiones previas, que casi siempre son resueltas a la hora de la sentencia para evitar más dilaciones de las necesarias.
Lo cierto es que el juicio no respondió a la expectación mediática que había despertado, por otra parte lógica dada la presencia en el banquillo de los acusados de hasta tres de los seis exresponsables municipales recientemente condenados (la sentencia no es firme) por el caso Las Teresitas: Manuel Parejo, José Tomás Martín y Víctor Reyes, en su día concejal, gerente y secretario de la Gerencia de Urbanismo santacrucera, respectivamente. Junto a ellos se encontraban el exedil de Obras Públicas Norberto Plasencia (condenado por el caso del mamotreto) y la presidenta de la comunidad de vecinos, María Ángeles Carrillo.
Si el hecho de que la Fiscalía no acuse es clara señal favorable a cualquier acusado, la sorprendente presentación de un nuevo escrito de conclusiones por parte de la acusación particular al inicio de la vista por un caso que se remonta a 1996 no ayudó precisamente a sus intereses. Tal acusación se ejerce en nombre de una vecina que se considera perjudicada por un presunto exceso del espacio utilizado para el edificio en cuestión. El tamaño de dicho exceso varía según la versión de cada parte: 10 metros, según la acusación, o 15 centímetros, aseguran las defensas. Precisamente, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias obvió el caso por irrelevante al decantarse porque eran esos 15 centímetros, pero la acusación sostiene que tal sentencia parte de datos erróneos.
Retornando a lo acaecido ayer, las nuevas conclusiones presentadas ayer por la abogada de la vecina que se considera perjudicada causó un receso inicial que rondó la media hora, tras el cual llegó una tormenta de reproches desde las defensas, que se anotaron una pequeña victoria al ser admitida su solicitud de suspensión del juicio para resolver estas cuestiones previas.
Además de considerar que el nuevo escrito no puede ser admitido al causar una supuesta indefensión, que la acusación no considera como tal al entender que se trata de unas correcciones que no afectan a lo esencial, los abogados de los cinco acusados plantearon varios argumentos de cierto peso, como por ejemplo la posible falta de legitimación de dicha acusación y -siempre según su versión- la falta de concreción del escrito acusador inicial (el presentado ayer fue unánimemente ignorado por estos cinco letrados). Un dato importante es que ya el TSJC entendió que esta vecina no podía ser considerada como perjudicada dado que, aunque hubiera condena, el beneficiado sería el Ayuntamiento.
Sea como fuere, el caso sí que mantiene su relevancia en un dato nada baladí: en el primer escrito se les pedían penas de seis años de cárcel a los cinco acusados, mientras que en el de ayer se rebajaban a cuatro años de prisión para los cuatro exresponsables municipales y tres para la presidenta de la comunidad.
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