El diálogo como alternativa a los tribunales

Los juzgados están llenos de personas que acuden a ellos en busca de una solución a sus conflictos. La falta de diálogo y de consenso previo entre las distintas partes hace que muchas personas no vean una solución salvo acudir a los tribunales, para que sea un juez el que dictamine la resolución al problema planteado. Lo cierto es que buena parte de estos asuntos se podrían resolver mediante el diálogo, la conversación y el compromiso de las partes implicadas, siempre y cuando haya predisposición.

La mediación es la alternativa para resolver discrepancias respecto a los tribunales de Justicia. Se trata de un servicio con total validez, cuyos acuerdos, rubricados por los protagonistas del conflicto, deben ser vinculantes. En caso contrario, se puede incluso exigir, con la ley en la mano, que se cumpla lo establecido.

El Centro de la Familia, cuya sede se encuentra en el santacrucero barrio de Las Veredillas, es ahora mismo el único espacio que ofrece este servicio de forma gratuita, gracias a las aportaciones del Gobierno de Canarias, y, en su momento, de La Caixa. Aunque esta actividad se empezó a ofertar en 2002, no fue hasta hace tres años cuando se lleva a cabo de forma gratuita.

Cada vez son más las personas que acuden a esta asociación en busca de una alternativa para resolver sus problemas. De hecho, en 2016 se trataron 527 casos, mientras que en los primeros cuatro meses de este año ya se han abordado 507 asuntos, explica a DIARIO DE AVISOS Victoria García, una de las mediadoras que forma parte de este colectivo. No solo la efectividad de las labores que se realizan ha contribuido en el significativo aumento contabilizado este año, sino también la apertura de dos unidades en el sur y en el norte de Tenerife. Precisamente, en la sede de Arona se contabiliza una importante cifra de casos, lo que, sin duda, ha llevado a que hasta ahora casi se haya alcanzado el dato de 2016. En cada uno de los casos se atiende a un número mínimo de dos personas, aunque esta cifra se puede incrementar, por ejemplo, si también se asiste a los hijos, en aquellas situaciones de conflictos familiares. En estos casos también se ofrece la atención por parte de otros profesionales, si así es requerido.

Como media, cada uno de los conflictos que son tratados necesita entre tres y seis sesiones, pero en situaciones excepcionales se puede ampliar en tres visitas más, todo ello con la idea de cumplir el objetivo: llegar a un acuerdo.

En lo que respecta al perfil del usuario, García indica que es muy variado. Aunque la mayoría de las cuestiones que se abordan son asuntos familiares, como divorcios, discusiones entre padres e hijos o problemas entre hermanos, por ejemplo, por las herencias, también acuden personas que requieren mediación mercantil o aquellas que quieren solucionar un problema vecinal. “Cualquier asunto en el que no haya acuerdo entre dos personas es susceptible de acudir a mediación”, añade una de las profesionales que desarrolla este servicio.

Las personas interesadas en acudir a estas sesiones solo tienen que ponerse en contacto con el Centro de la Familia y pedir cita. También esta organización atiende a muchos ciudadanos que son derivados desde las unidades de trabajo social de los ayuntamientos, al igual que de los propios juzgados.

“Hay personas que han acudido en alguna ocasión y tiempo más tarde repiten, con otro asunto distinto, porque les ha funcionado”, añade la abogada experta en mediación. Asimismo, puntualiza que cerca del 90% de los conflictos que son tratados en esta asociación son resueltos con un acuerdo, lo que, a su juicio, pone de manifiesto la efectividad de este procedimiento. “Incluso en algunos casos en los que no se llega a un entendimiento, la relación entre las partes suele cambiar a mejor a partir del proceso”, asevera.

Obligatoriedad

Las personas que demandan la mediación tienen la obligación de cumplir con lo establecido en el acuerdo, que se firma una vez finaliza el proceso. “Si esto no es así, la otra parte puede acudir a los juzgados a exigir su cumplimiento, ya que el documento es vinculante y tiene validez jurídica”, explica la mediadora. Además, recalca que el proceso también es voluntario: “Las personas acuden porque quieren e incluso pueden abandonarlo en cualquier momento”.

Otra de las características de este procedimiento es que es confidencial. “Si finalmente, por cualquier motivo, se acaba en los tribunales, no se puede hacer alusión a lo tratado durante la mediación, ni tampoco llamar a declarar al mediador”, matiza García. La filosofía de este procedimiento se basa en que son los propios implicados los que tienen que llegar a un consenso en el asunto que abordan, aportando cada uno soluciones y poniéndose en la posición del otro. El mediador facilita llegar a este punto, pero no suele poner sobre la mesa las medidas que se han de adoptar, sino que incita a que las partes lo hagan. “Ellos son los que participan, plantean sus asuntos y reflexionan; nosotros ni convencemos ni engañamos, sino que tenemos que ser imparciales”, indica. En ello radica el éxito de estos procesos. “Es más fácil cumplir un acuerdo al que se ha llegado de forma consensuada que hacer algo impuesto en un juzgado”, aclara la experta.

Para ser mediador hace falta una formación específica. Por ello, el Centro de la Familia imparte uno de los dos másteres que se ofrecen en la Isla sobre estos procesos. Además de las clases teóricas, este espacio oferta desde hace seis cursos prácticas. Aunque en esta infraestructura se llevan a cabo otras acciones, este es uno de los servicios con mayor demanda, que poco a poco se ha ido consolidando por su efectividad.

Un caso de éxito

Una de las personas que ha pasado por este servicio ha querido contar a este medio su experiencia, que, ante todo, califica de muy gratificante. Carlos -nombre ficticio que hemos escogido para garantizar su anonimato- detalla que, aunque desde hace varios años tuvo la intención de acudir a la mediación para resolver un problema con sus hijos tras su separación matrimonial, en ese momento no fue posible debido al impedimento por parte de su expareja. Carlos se divorció en 2011 y logró la custodia compartida de sus dos hijos menores.

Después de un problema serio entre uno de los menores y la madre, finalmente ella accedió, hace unos meses, a que sus hijos fueran a mediación en el Centro de la Familia. “Mi expareja y yo teníamos diferentes modos de ver la educación y la formación de los chicos, no nos poníamos de acuerdo, por eso, en su momento, propuse la mediación, aunque ella en principió la rechazó”, relata Carlos.

Este padre es consciente de que durante la separación sus hijos sufrieron la mala relación entre los adultos, lo que le motivó a buscar ayuda. “Estábamos en una situación caótica desde el punto de vista emocional, con mucha desorganización, y la mediación nos ha servicio para gestionar todo eso de una forma diferente”, confiesa. Señala que, de lo contrario, se hubiera visto obligado a acudir a los juzgados para poner solución a lo que estaba viviendo. “Los chicos han mejorado mucho; nos ha permitido buscar soluciones a nuestros problemas del día a día, yo lo recomiendo a otras personas”, concluye.