Los concejales de Unid@s Se Puede y XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna Rubens Ascanio y Juan Luis Herrera, respectivamente, afirmaron ayer, en un comunicado, que consideran “vergonzosas” tanto las preguntas como las respuestas del presidente del Gobierno canario y exalcalde del municipio, Fernando Clavijo, a la comisión de estudio del servicio municipal de grúas. “Se las pusieron para que marcara un gol de tacón y el colmo es que acaba mintiendo”, destacaron los dos ediles. En sus respuestas, Clavijo señala que, a su juicio, la gestión administrativa durante su periodo como alcalde fue correcta, tal y como ya adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado sábado.
Ascanio y Herrera sostuvieron que tienen claro que las cuatro preguntas enviadas por Antonio Alarcó (PP), presidente de la comisión, “estaban diseñadas para que Clavijo se luciera, pero aún así le pudo su condición y miente cuando dice que el rescate hubiera supuesto la indemnización al concesionario, la asunción de sus deudas y la subrogación de su personal”.
A este respecto, los concejales de Unid@s Se Puede y XTF-NC recordaron que la concesión había que renovarla cada cinco años y que en agosto de 2014 se podía haber cancelado sin coste alguno para las arcas municipales, porque existían motivos más que justificados. Sin embargo, apuntaron que Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, actual alcalde, “decidieron prorrogar el contrato haciendo caso omiso de los reparos del interventor, valiéndose de dictámenes de catedráticos de la Universidad de La Laguna (ULL) encargados a dedo y pagados con dinero público”.
Del mismo modo, tanto Ascanio como Herrera coincidieron en que “responder en poco más de folio y medio sobre la gestión realizada como concejal de Seguridad y alcalde con respecto a las grúas municipales deja en evidencia la falta de respeto al pueblo lagunero y a la comisión, al no acudir presencialmente a las sesiones, como hicieron el resto”.
Privatización
Clavijo “trata de poner el foco en el mantenimiento del servicio público, que él mismo puso en riesgo con un proceso de privatización innecesario y pensado para hacer más fácil la contratación de afines, como hemos escuchado en las comparecencias”, añadió Herrera.
Asimismo, les resulta significativo que “las preguntas del PP pasen por encima de esta cuestión, cuando fue un tema que en el mandato anterior (2011-2015) también denunciaron. Ahora están claramente dispuestos a ser los guardaespaldas del exalcalde”, agregó Ascanio.
Ambos ediles consideraron que es “de una enorme desvergüenza hablar de que la gestión del servicio fue correcta y que los problemas aparecieron por causas sobrevenidas, cuando no se hizo nada desde el Ayuntamiento ante los constantes incumplimientos del pliego de condiciones, las irregularidades en el depósito, la ausencia de tarjetas de transporte o ITV; cuestiones que los cargos políticos conocían perfectamente y en las que miraron para otro lado”.
Por otra parte, Ascanio y Herrera anunciaron que harán llegar una copia de su denuncia presentada en el Juzgado de guardia a la comisión gestora del PSOE en Canarias para que pueda examinar con detenimiento la documentación antes de que los concejales socialistas tengan una posición al respecto, tal y como ha anunciado el edil lagunero Zebenzuí González.
Contestaciones
En cuanto a las preguntas y respuestas concretas del presidente canario, remitidas por Unid@s y XTF-NC, preguntado sobre si “cree que la gestión administrativa realizada en el periodo que usted fue responsable de la Corporación ha sido correcta”, Clavijo contestó que “creo que sí”. “Hasta donde conozco -añadió-, considero que los expedientes se tramitaron correctamente, y en el caso concreto de la gestión relativa al servicio municipal de grúas no fue diferente. Recuerdo que tuvieron que considerarse circunstancias sobrevenidas que afectaban al equilibrio económico-financiero de la prestación del servicio. La peatonalización del centro y la crisis económica de aquellos años redujo el número de intervenciones que eran inicialmente previsibles”.
Respecto a si “la salvaguarda de los puestos de trabajo de la empresa concesionaria fue prioritaria para esa gestión administrativa”, el exalcalde señaló que “lo decisivo siempre fue la continuidad en la prestación del servicio público esencial en las mejores condiciones, dadas las cambiantes necesidades y condiciones de la ciudad. Consiguientemente, prioritario fue garantizar que no se interrumpiera el servicio público”.
Preguntado por “la influencia que tuvieron los dictámenes de la ULL, con respecto a las medidas administrativas que se tomaron en su momento”, el presidente regional indicó que entiende “que influirían en la medida en que fueron considerados por los funcionarios de la Corporación”. “Para aplicar tal posibilidad [el secuestro de concesión] era necesario que se atendiese a la mejor de las posibilidades de salvaguarda del interés general, sin que el desequilibrio económico afectara al erario público. Como los resultados parecen haber demostrado”.
Por último, cuestionado por si “el ser una concesión para organizar un servicio esencial fue determinante para tomar la medida de urgencia que se tomó”, Clavijo responde que “se trataba, y se trata, de un servicio público imprescindible, y que por tanto requería que se garantizase su continuidad, sin interrupciones y evitando situaciones críticas como, por ejemplo, interrupciones graves del tráfico, inefectividad en la ordenación del tráfico, estacionamiento indebido, bloqueo de garajes, etc. Con todo, según recuerdo, se actuó con celeridad y respetando todos los trámites administrativos legalmente previstos”.
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