El mamotreto ya tiene quién lo derribe, al menos de momento. La mesa de contratación encargada de adjudicar la obra que conlleva la demolición del edificio de aparcamientos a medio terminar que se levanta en la cabecera de la playa de Las Teresitas, adjudicó el pasado jueves, por tercera vez, esta actuación. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, este nuevo intento de concluir la licitación se realizó después de que las dos empresas anteriores a las que se le había adjudicado, no cumplieran con los requisitos necesarios para formalizar la ejecución. Aunque, al igual que en las otras dos ocasiones, habrá que esperar a que la entidad en cuestión cumplimente la documentación, según ha podido saber este periódico, esta licitación se enfrenta a un problema más profundo y que tiene que ver con “visos de ilegalidad”, que vienen recogidos en los pliegos del concurso. Fuentes próximas al proceso han apuntado directamente a una de las mejoras que el Ayuntamiento de Santa Cruz introdujo en el pliego de condiciones técnicas: el asfaltado del solar donde se alza el mamotreto una vez que este haya sido demolido.
Lo que aparentemente es una obra que mejoraría el entorno y que incluso podría servir como aparcamiento de superficie para la playa de unos 6.000 metros cuadrados, no puede ejecutarse en ese suelo con su calificación actual, la de Suelo Urbano No Consolidado. Así, y según señalan las mismas fuentes, esta clasificación obliga a que cualquier actuación debe estar remitida a un Plan Especial, en este caso el de Las Teresitas, aún en tramitación. También señalan estas fuentes que el uso, aunque sea provisional, como aparcamiento de superficie, tampoco está permitido.
“Se va a tirar un edificio porque se supone que es ilegal y comenten otra ilegalidad en su demolición”, afirman. Esta situación, aseguran en el entorno de la mesa de contratación, es conocida por algunos de sus miembros, por lo que no se entiende que se haya seguido adelante con el proceso ante la posibilidad de que se cometa una ilegalidad. La mejora en cuestión y que se recoge en la página 11 del pliego administrativo, establece que el peso de esta oferta es del 30%, incluso mayor que el de las empresas que oferten ejecutar la obra en menos tiempo, cuyo peso dentro de la valoración total es del 20%. Según se detalla, “el proyecto de obra plantea para la integración del solar resultante tras la demolición del edificio de aparcamientos, el nivelado de la superficie y la extensión de una capa de zahorra o picón”. A esto se añade que, “se valorará como mejora, habilitar un capa de rodadura de 6 centímetros de espesor en la totalidad del solar resultante de la demolición…”.
Esta mejora, aseguran quienes denuncian esta aparente ilegalidad, no viene recogida en el proyecto técnico elaborado por la empresa pública Gestur, que fue informado favorablemente tanto por la Gerencia de Urbansimo como por el resto de administraciones que tienen competencias en este proceso, abierto, no hay que olvidarlo, para cumplir con la sentencia del conocido como Caso Mamotreto. El fallo obliga a la demolición del edificio de aparcamientos, asumiendo el coste de la misma los seis condenados en el proceso, tres de los cuales ya están cumpliendo sus correspondientes penas de cárcel: los exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz Manuel Parejo y Norberto Plasencia y la extécnica de la Concejalía de Infraestructuras Loreto Ariz. El Ayuntamiento fijó en 540.000 euros el coste total de la demolición del edificio, una cifra que las ofertas presentadas han rebajado, situándolo en torno a los 400.000 euros.
Versión municipal
Desde el inicio de este proceso de adjudicación, el Ayuntamiento ha preferido mantener silencio, limitándose a comentar que se están siguiendo los trámites administrativos que marca la ley. En cuanto a los pasos a dar por parte del Ayuntamiento una vez que se ha producido la adjudicación, como en los casos anteriores, será necesario esperar a que la empresa complete la documentación necesaria para hacer oficial la adjudicación, así como contar con los informes pertinentes de Intervención y de los servicios jurídicos. Una vez se tenga toda la documentación, se elevará propuesta a la Junta de Gobierno local que es el órgano competente para aprobar la contratación de la obra.
Los condenados han recurrido el asfaltado porque no está en el fallo
La sentencia del caso Mamotreto obliga a los condenados a costear el derribo del edificio, para devolver a su estado previo el solar. Que se añada una partida para asfaltar el lugar, que podría rondar los 100.000 euros, agrava la carga a los condenados, lo que excede la sentencia, motivo que les ha llevado a recurrirlo.
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