La provincia de Santa Cruz de Tenerife sale bien librada, en términos generales, del informe Protección a toda costa, que hizo público Greenpeace respecto al litoral español y su nivel de conservación, si bien la ONG alerta en el mismo sobre la presión urbanística que en los próximos años pueda afectar a zonas del litoral aún ajenas a la industria turística, especialmente la comprendida desde la capital tinerfeña hasta El Médano. Como siempre ha sostenido, la conocida organización medioambiental critica la construcción del puerto en Granadilla de Abona, que califica como dañina para la costa.
Los datos positivos del informe son clara consecuencia de la comparativa con el resto del país, donde los niveles de protección del litoral ni se acercan a los existentes en Canarias. En concreto, la provincia tinerfeña tiene el 59,7% de su costa protegida, siendo la segunda con mayor porcentaje de protección. Un 71,7% de dicha franja costera está ocupado por hábitats de interés de la Red Natura 2000 y se encuentran 111 especies de vertebrados silvestres, lo que, siempre según Greenpeace, convierte a la tinerfeña en la provincia española con mayor porcentaje de hábitats en su costa.
Por contra, el análisis de Greenpeace muestra su preocupación porque sus especialistas entienden que hay un desplazamiento en la intensificación del turismo hacia las áreas no protegidas, “muy evidente en Tenerife y no tanto en las otras tres islas”.
Las tres zonas donde se centra esta denuncia de los ecologistas son, en concreto, desde Güimar al Aeropuerto del Sur, Punta del Hidalgo-Mesa del Mar y, ya en La Palma, Santa Lucía-Monte de Luna.
El porcentaje más bajo de modificación artificial
La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene el porcentaje artificial más bajo en toda España de modificación de sus costas, según se refleja en un informe sobre el litoral de nuestro país hecho público por Greenpeace.
En el documento se detalla que el Dominio Público Marítimo Terrestre modificado por el ser humano en esta provincia pasó de 86 kilómetros en 1987 –antes de la Ley de Costas 22/1988– a 119 kilómetros 24 años después, un porcentaje del 16%. Por contra, dicho informe critica uno de los cambios más notables registrado en esos años, el nuevo puerto de Granadilla, que considera “absolutamente discutible”, al considerar que “se trata de una obra con un extraordinario e inasumible impacto económico, social y ambiental, tanto por el daño sobre las comunidades de sebadales como por la fragmentación que supone de la isla”.
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