El derribo y la construcción del IES Padre Anchieta se declararán de urgencia

El Gobierno de Canarias declarará los proyectos de derribo y construcción del nuevo IES Padre Anchieta, en su misma ubicación, de urgencia, lo que “reduce los plazos administrativos y, por lo tanto, su puesta en funcionamiento”. Así lo informó ayer el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras la reunión mantenida entre la recién constituida comisión de seguimiento del IES Padre Anchieta, compuesta por la Ampa, la dirección del consejo escolar del centro y el Gobierno municipal, con la directora general de Centros e Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, Ana Dorta.

Tras dicho encuentro, José Alberto Díaz manifestó su “satisfacción”por el transcurso del mismo. “Satisfacción por que nos hayan escuchado y se haga por procedimiento de urgencia lo que reduce los plazos administrativos”, destacó el alcalde.

El Gobierno regional informó también de que ya se está trabajando en ambos proyectos a la vez, tanto el de demolición como el de construcción, ya que el objetivo es que los dos se redacten en paralelo para que el nuevo instituto pueda estar en funcionamiento lo antes posible.

Asimismo, ambas partes quedaron en volverse a reunir en unos días para tratar el tema de la posibilidad de incluir en el futuro instituto estudios de Formación Profesional (FP) en función de las demandas y de las posibilidades que dé la Consejería de Educación.

El IES Padre Anchieta se encuentra cerrado al haberse detectado el año pasado que no reunía las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de profesores y alumnos, quienes fueron trasladados al Centro de Educación Infantil y Primaria de Ofra. El transporte escolar gratuito al centro de Ofra se mantendrá hasta que se construya el nuevo, tal y como se comprometió el alcalde.

En mayo de este año, el Ejecutivo regional emitió ya el informe que dictamina que la mejor opción es derribar y volver a construir el centro, lo que costaría unos 6,9 millones, frente a su rehabilitación, cuyo presupuesto se elevaría hasta los 7,3 millones. El Gobierno canario asumirá el 100% del coste de las obras, cuya plazo de ejecución podría durar, según apuntan las primeras estimaciones, entre dos y tres años.