Hace diez meses, DIARIO DE AVISOS publicó durante dos semanas una serie de informaciones sobre el llamado caso Grúas, que versa a cuenta de las posibles irregularidades relacionadas con dicho servicio municipal en La Laguna. Aquellas exclusivas eran el fruto de horas de trabajo, y permitieron ofrecer a nuestros lectores unos datos que procedían, en lo fundamental, de dos fuentes: las diligencias abiertas entonces en dos juzgados sobre estos hechos y los testimonios de algunos de los perjudicados por los mismos. Ya entonces, los indicios de que tales irregularidades se habían producido llamaban la atención por su notoriedad y por las escasas dudas acerca de la veracidad de las mismas, por cuanto las más relevantes ya habían sido confirmadas por el propio Ayuntamiento y en algún caso por el Cabildo o tenían el refrendo de la investigación efectuada por los guardias civiles asignados al asunto. Sin embargo, el juzgado donde se analizaba la vertiente política del caso archivó las diligencias, en una decisión que la Audiencia provincial ordenó anular en un auto publicado esta misma semana. La decisión del alto tribunal provincial es diáfano y contundente, y entre sus conclusiones advierte de que hay que seguir investigando ante los indicios de que pudieron vulnerarse de “forma patente y grosera” distintas normas del ordenamiento jurídico vigente. Dicha decisión afecta especialmente al hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a su sucesor al frente de la Alcaldía de La Laguna, José Alberto Díaz. Ambos fueron, además, concejales del área al que está adscrito el servicio de grúas.
Como informamos hace ya diez meses y esta semana lo recordaba la Audiencia provincial, los hechos más relevantes que relacionan a Clavijo con las irregularidades en cuestión tienen difícil explicación.
En primer lugar, fue Clavijo quien, como alcalde, levantó los reparos puestos por la Intervención Municipal a un préstamo de 120.000 euros que se otorgó a los empresarios que por aquel entonces disfrutaban de la concesión. La Intervención se oponía al mismo cargada de razón, ya que en ese momento el servicio de grúas se encontraba intervenido por el propio Ayuntamiento, entre otras cosas porque tenía dudas con varias administraciones (Seguridad Social inclusive) y no abonaba regularmente sus salarios a los trabajadores de la empresa. Por si fuera poco, el Cabildo había alertado a la Corporación lagunera de que las grúas carecían de las tarjetas de transportes, imprescindibles para circular legalmente.
Otro de los principales focos de sospecha es que, a pesar de lo relatado, no solo se rescató el servicio sino que el Ayuntamiento prorrogó la concesión, nuevamente contra el criterio de la Intervención.
Hay más, pero a la Audiencia le basta con estas dos actuaciones del Ayuntamiento de La Laguna para ordenar que se investigue a fondo un caso al que se le augura un largo recorrido.
EL AUTO JUDICIAL DEJA EN EVIDENCIA A LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Son tantas las dudas sobre la legalidad de determinadas actuaciones relacionadas con el servicio municipal de grúas de La Laguna que el propio Ayuntamiento se vio forzado a crear una comisión sobre el asunto. A pesar de la insistencia de los grupos opositores, dicha comisión no fue de investigación, sino de estudio, pero sus resultados no dejan lugar a dudas que la iniciativa fracasó, como prueba el auto dictado por la Audiencia provincial esta semana. Si para los magistrados de la Sección Segunda no hay duda posible de que un primer análisis de algunas de las actuaciones municipales aparentan ser, cuanto menos, irregulares, lo cierto es que la comisión prefirió darles carpetazo para escándalo de los concejales de XTF-NC, Unid@s se puede y Ciudadanos. Tanta fue la indignación que optaron por abandonarla antes de que finalizara su tarea.
A la luz del reciente auto judicial, es inevitable recordar que el hoy alcalde, José Alberto Díaz, consideró que sus rivales políticos en el Ayuntamiento deberían disculparse, en valoraciones públicas llevadas a cabo a raíz del archivo de la denuncia que ahora anula la Audiencia provincial. Mientras se reactiva de forma notable la vertiente política del caso Grúas, la investigación por el presunto saqueo de piezas en los vehículos guardados en el depósito municipal tras ser retirados de la vía pública por las grúas sigue su curso en otro juzgado lagunero. Son las dos caras de un escándalo aún en su fase inicial.
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