La comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas en La Laguna cursará una invitación de comparecencia al actual presidente del Gobierno, y exalcalde del municipio en la época en la que se investigan los hechos, Fernando Clavijo. La comparecencia tendría lugar entre este mes y el próximo, según informó ayer el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, tras la celebración de la segunda sesión de trabajo.
Clavijo fue una de las propuestas de comparecencia de Unid@s se puede, junto con Javier Padilla, el primer adjudicatario del servicio; Javier de la Cruz, antiguo tesorero; Francisco Ramos, extrabajador; Luis Tacoronte, actual adjudicatario, y el actual interventor. Los demás partidos también propusieron, y serán convocados, al exconcejal Antonio Godiño, el exedil socialista Gustavo Matos, a Francisco Clavijo y Francisco Villar (catedráticos que asesoraron jurídicamente a la Corporación local) y a los dos funcionarios que intervinieron en la primera reunión.
La comisión estableció ayer un calendario de cinco reuniones más de aquí a finales del próximo mes de febrero, en las que tendrán que comparecer obligatoriamente los funcionarios municipales propuestos, mientras que los demás pueden decidir si acudir o declinar la propuesta e, incluso, pueden enviar una comparecencia por escrito, según explicó el presidente de la comisión, Antonio Alarcó (PP), quien recordó que en la próxima sesión, dentro de 10 días, se aprobará el acta de la reunión de hoy, dentro del procedimiento habitual. “Nunca he retrasado nada, nunca lo haré y nunca me prestaré a eso, soy un hombre serio”, aseguró.
Ascanio ya anunció el pasado martes que pediría la comparecencia de Clavijo, y consideró que, a su juicio, el exalcalde debería acudir a dar sus explicaciones “por respeto” a las formaciones políticas municipales y para dar “rigor” a la comisión. “Sería lo más saludable”, enfatizó.
En cuanto al objeto de la reunión de ayer, comparecieron los dos funcionarios responsables del expediente de intervención del servicio municipal de grúas, uno de los cuales estaba al control del mismo desde años antes de la intervención.
SEGUIMIENTO DEL PLIEGO
A juicio de Rubens Ascanio, uno de los datos más interesantes que se aportó en esta reunión fue que se dio a entender que desde 2004, cuando se privatizó el servicio, hasta 2014, cuando se intervino, “el pliego de condiciones no se cumplió y nadie, o esa es la sensación que quedó, parece que se hizo cargo de la función de auditar el servicio”. Es decir, que tuvieron acceso al pliego de condiciones solo “unos meses antes de la intervención y luego estuvieron desarrollando las funciones de auditoría”. “A mí me deja preocupado la información de que realmente no se sabe quién auditaba que el pliego de condiciones del servicio se estuviese cumpliendo, y por eso se va a pedir un informe al respecto y que nuevamente comparezca el responsable de los Servicios Económicos del Ayuntamiento y lo explique”, añadió.
A juicio de Ascanio, “si no se hizo el control del pliego de condiciones, que debe hacer toda administración pública, me parece preocupante, es una dejación de funciones gravísima. “Mi sensación incluso es peor de lo que yo pensaba, creía que nos iban a dar datos del seguimiento periódico del servicio público y te reconocen que no se hizo esa labor”, añadió, por lo que consideró que “todas las decisiones que se tomaron fueron tarde y mal, y eso los propios interventores lo plasman en sus informes”. “Ese servicio público fundamental fue muy maltratado por parte de los gestores públicos”, enfatizó.
“NO TIENE CONSTANCIA”
Por su parte, el concejal de Seguridad y portavoz de CC en la comisión, Jonathan Domínguez, afirmó que la reunión fue muy “productiva”, porque “nos aclararon muchísimas cuestiones del día a día de la gestión del servicio”. Destacó que la explicación del interventor económico fue “determinante”, ya que “aclaró que con el tema del contrato había un desequilibrio que se había producido en los 10 años del servicio por el cambio de las condiciones de la propia ciudad, con la peatonalización de las calles y demás”, así como que “legalmente no se podía, como se está diciendo, cancelar el contrato, porque el Ayuntamiento podría haber incurrido en irresponsabilidad patrimonial con quienes eran los titulares de la concesión, porque no se reunían los condicionamientos legales”.
Asimismo, Domínguez señaló que “los técnicos dijeron que el Ayuntamiento no tiene constancia real de la denuncia de robo de piezas, puesto que lo que solicitó la Guardia Civil en 2012, en un procedimiento civil, fueron los datos de los vehículos que estaban estacionados en el depósito en una fecha concreta, pero no especificaron por qué. Y se les facilitó el registro de vehículos que había en el depósito”. “Esa fue la única información solicitada a Seguridad Ciudadana y nunca se le especificó que fuera por robo de piezas”, enfatizó.
El representante de Ciudadanos en la comisión, Fernando Gortázar, indicó que “hay que seguir con la prudencia” y “recabando información” en las próximas cinco reuniones programadas para “tener una idea completa de todo el proceso” .
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