De los más de una decena de agentes que pusieron fin a su vida hasta mediados de diciembre, cuatro lo hicieron en el Archipiélago. Concretamente, dos en Gran Canaria, uno en La Palma y otro en Tenerife.
Todos guardan un aspecto en común -aparte de que formaran parte del mismo Cuerpo policial, dependiente del Gobierno central – y es que ninguno se había acogido a baja por depresión alguna, lo que significa que todos llevaban encima su arma reglamentaria. Y esa fue, precisamente, la ejecutora.
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