El Gobierno de Canarias da su brazo a torcer en el pulso con los sindicatos

Será por debilidad o por voluntad. Lo cierto es que el Gobierno de Canarias ha cedido ante los sindicatos para desbloquear la negociación en el sector autonómico del empleo público. Lo anunció el lunes Francisco Rodríguez, director general de Función Pública, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, al término de una reunión de siete horas en la Mesa General (conformada por siete sindicatos). Informó de que las partes habían acordado desplegar comisiones técnicas al objeto de discutir las mejoras previstas en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 y estudiar otras demandas. Entre estas se encuentra la “recuperación de derechos”: jornada ordinaria de los empleados públicos; acción social y planes de pensiones; retribuciones (definir y aportar la masa salarial); salud; estabilidad; eliminación de las restricciones en materia de personal; jubilación parcial; permisos, licencias y vacaciones.

El Ejecutivo se compromete a constituir en enero un grupo de trabajo para la estabilización del empleo temporal y trasladar una propuesta de resolución sobre permisos, licencias y vacaciones del personal de la Administración, después de que ya hubiera entregado un protocolo de lucha en situaciones de acoso. También abre la puerta a modificar las bases para los procesos selectivos, además de perfilar la oferta pública de empleo (OPE) para 2017 y diversas cuestiones en el marco del diálogo social.

Las enmiendas a las cuentas incluyen algunas sugerencias de los sindicatos, como una conjunta de los grupos Nacionalista Canario, Popular y Mixto (ASG) al artículo 37.5, que queda con el siguente texto: “El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente”. Esta redacción adapta la cuantía de las pagas extraordinarias de los funcionarios a lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que determina que las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las complementarias. En esta aportación estuvieron enfrascados hasta última hora Javier Galván (CSI-F) y Socorro Beato (CC), un “esfuerzo” que el sindicalista agradece a la diputada a través de este periódico.

En una conversación con el DIARIO, José Ramón Barroso, de Comisiones Obreras, desprende satisfacción y asombro ante el “cambio de talante” observado: “En esta ocasión sí acudieron con la intención de escuchar a las organizaciones sindicales y aceptar muchas de las iniciativas. Se empieza a dar pasos en la línea trazada por nosotros, en el sentido de que se produzca una negociación colectiva real. No solo en los Presupuestos, porque hay asuntos que no precisan de dotación económica. El director general nos ha comunicado que antes de que se acabe el año nos veremos un par de veces más. Habíamos pasado de un momento en el que las relaciones se construían atendiendo a los criterios de la Administración y de los sindicatos a un periodo en el que los gobiernos han estado imponiendo las medidas y la regulación de las normas. Ahora nos vamos encontrando. Antes llegaban y posaban un plato de lentejas: las tomas o las dejas. En esta etapa, por lo menos hay un menú. Esperemos participar todos en el reparto, siendo conscientes del lugar que ocupa cada uno. Desde luego, es importante que cuenten con nosotros”.

Previamente, las centrales habían esgrimido que Canarias es la región española que menos invierte en el ámbito público, en comparación con otras que “disponen de un número de habitantes similar, y la que posee peores ratios de empleados públicos por habitante”.