El Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aprobó ayer por unanimidad ceder de forma gratuita al Gobierno central una de las parcelas anexas a la piscina municipal, cerrada al público desde diciembre de 2015 por la rotura de una tubería y una inundación en la sala de máquinas.
La propiedad tiene unos 200 metros cuadrados, está destinada a garaje municipal, su fecha y título de adquisición se desconocen, y está libre de gravámenes. Al lindar con el resto de terrenos que conforman la instalación, su traspaso es una condición previa necesaria para completar la superficie de concesión de dominio público a Costas y que el Cabildo pueda construir allí el Centro Insular de Natación de Alto Rendimiento.
En la sesión de ayer, que apenas duró tres horas, también se abordó la prórroga del contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria a la UTE Sufi Tarajal aunque en este caso fue solo con el visto bueno del grupo de gobierno (PP-CC) ya que el PSOE se abstuvo y la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) votó en contra.
Este punto, que no estaba incluido en el orden del día y fue abordado de manera urgente, contaba con un reparo de Intervención “por un problema de criterio técnico y posterior a la fecha de vencimiento del contrato”, según el edil de Servicios Generales, Obras e Industrias, Ángel Montañés.
La prórroga fue concedida por un año y no por dos como solicitaba la concesionaria, y es el trámite previo para el aumento del contrato que se llevará al próximo pleno y que hasta entonces impedía el Plan de Ajuste. “Asumo el reparo por un error que viene desde el punto de vista técnico porque creo que este municipio se puede mejorar con una siguiente prórroga y un contrato absolutamente distinto al actual”, sostuvo Ángel Montañés. Asimismo, añadió que se invitará a los grupos de la oposición para que conozcan las mejoras “y vean que este grupo de gobierno no quiere ocultar nada”.
Propuestas
Gobierno y oposición también aceptaron las dos propuestas presentadas por la ACP aunque ambas fueron enmendadas. En la primera de ellas se acordó realizar un estudio sobre la situación actual del alquiler vacacional en el municipio que permita conocer, al menos, con cuántas camas turísticas cuenta, cómo están repartidas, cuánto empleo genera, qué volumen de negocio supone, y qué efectos tiene sobre los precios del alquiler y sobre los establecimientos reglados.
En tanto y en cuanto se concrete el marco normativo, se celebrarán mesas de trabajo con la participación de todos los grupos políticos. La primera de ellas se hará, en todo caso, durante la segunda quincena de febrero.
En la segunda iniciativa se pospuso el pronunciamiento institucional del Ayuntamiento sobre la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso manifestando, en todo caso, el deseo de que se atienda la mejora de los ritmos de trabajo.
La moción para potenciar la artesanía municipal del grupo Socialista se dejó sobre la mesa mientras que las dos restantes también fueron aprobadas de forma unánime.
Así, se decidió iniciar un estudio de las vigentes ordenanzas municipales y adaptarlas a las nuevas exigencias de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos. El encargo de una auditoría para los servicios sociales y mejorar su gestión, fue enmendada por PP-CC. En esta última, el PSOE proponía contratar una auditoría externa para evaluar la prestación y extraer las necesidades para la puesta en marcha de un nuevo modelo y sugería crear mesas de análisis con el personal del área y agentes especializados para establecer líneas de trabajo.
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