La alcaldesa de Güímar, la popular Carmen Luisa Castro, se enfrenta desde hoy a tres citaciones judiciales, en la primera de las cuales estará esta mañana acompañada del concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Francisco Amador, tras la denuncia del 23 de octubre de 2017 del sindicato policial STAP Canarias, por presuntos delitos de prevaricación (art. 405 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 428) y malversación de fondos (art. 432).
Tras la denuncia, tanto Luisa Castro como Francisco Amador tendrán que declarar ante el juez, mientras que los tres policías locales a los que presuntamente se les favoreció acudirán en calidad de testigos.
Los hechos se remontan a enero de 2015, cuando la alcaldesa, sin previa convocatoria de concurso público, designó al agente A. G. R. como encargado exclusivo de elaborar planes de emergencia, relevándole de las demás funciones propias de un policía y exonerándolo de todo control por parte de la Jefatura. Además, se recoge en la denuncia, no consta que A. G. R. tenga titulación para realizar esos planes de emergencia, sin que la alcaldesa corrigiera esa situación cuando el sindicato se lo advirtió en abril de 2016.
Asimismo, se acusa al concejal Francisco Amador de encargar al agente J. M. G. S. una elaboración de cuadrantes de servicios y a J. J. A. B., de informes de tráfico, solo siendo supervisados por el propio concejal y sin ningún control de la Jefatura, “abonando además importantes cantidades en horas extras a estos agentes”, según se recoge en la denuncia, a la que hoy tendrán que contestar tanto el concejal del área, que dice no estar preocupado, como la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, quien se pregunta: “¿Yo preocupada?, ¿por qué?”. “No he robado dinero público; confío plenamente en la Justicia”, añade.
El 1 de marzo se enfrenta a los reparos y, en abril, a los vertidos
La segunda de las citaciones judiciales a las que se enfrente Luisa Castro -en este caso junto al exconcejal Sixto Alfonso y la actual edil de Servicios Municipales, Verónica Jorge- será el 1 de marzo, en esta ocasión para declarar acerca de los levantamientos de reparos que fueron denunciados por el PSOE y Sí se puede en 2015 ante la Fiscalía. En abril, Castro tendrá que declarar por los vertidos en el Polígono, como otros regidores del Valle n
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