La Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fepeco) respalda a pie juntillas la denuncia, expresada ayer en este periódico, de la asociación Tenerife South Reale Estate, que integra a 32 inmobiliarias del sur de la Isla, sobre el “alarmante incremento” de las estafas a inversores extranjeros en operaciones de compraventa y alquiler, lo que, a su juicio, supone un “gravísimo riesgo” para la imagen de un destino turístico de primer nivel en Europa.
“En el Sur ahora mismo se persigue a mucha gente que viene a disfrutar de sus vacaciones; quienes se interesan mínimamente por alquilar o comprar sufren un auténtico agobio. Es lo más parecido a aquellos episodios que vivimos años atrás con la multipropiedad, el famoso time sharing, donde se llegaba a acosar a los turistas por la calle, aunque ahora ocurre con la compra o arrendamiento de propiedades”, manifestó Isidro Tomás Martín, responsable de Intermediación Inmobiliaria de Fepeco.
La federación de constructores trabaja para profesionalizar al máximo el sector inmobiliario. En ese sentido, reclama al Gobierno de Canarias (como desde hace años) la regularización del sector y que todas las agencias trabajen “bajo el paraguas de la transparencia”, en las mismas condiciones y con los mecanismos de seguridad que garanticen en todo momento al cliente la legalidad de las operaciones de compraventa.
Contar con oficina abierta al público, o vía online pero con el alta de la actividad empresarial; contratación de personal; un aval que garantice la devolución del dinero tanto al arrendador como al arrendatario, al propietario o al comprador; un seguro de responsabilidad civil y un mínimo de cuatro años de servicio como agente inmobiliario, son algunas de las medidas que los constructores tinerfeños consideran imprescindibles para poner freno al intrusismo y a las prácticas ilícitas en el sector, sin olvidar los cursos de reciclaje para los profesionales.
Fepeco recuerda que en comunidades como Cataluña ya existe un decreto de regularización del sector inmobiliario, incluso con régimen sancionador, junto con un registro de los agentes que intervienen en las operaciones. Otras comunidades autónomas como el País Vasco, Navarra y Madrid siguen los mismos pasos, y en Andalucía ya se ha aprobado un acuerdo de buena praxis entre el departamento regional de Consumo y los diferentes actores inmobiliarios.
“Eso es, al menos, lo que le pedimos al Gobierno de Canarias, que impulse la regularización del sector y que haya, como mínimo, un código de buenas praxis y un registro homologado por el Ejecutivo autonómico”, indicó Isidro Tomás Martín, que considera que una “ofensiva” desde todas las comunidades podría hacer reaccionar, incluso, al Gobierno central para establecer un marco de regulación.
La denuncia, a través de las páginas de DIARIO DE AVISOS, de la asociación Tenerife South Real Estate, que cuenta con 150 empleados, entre fijos y autónomos, y vende cerca de 1.800 propiedades al año, ha servido para poner el foco sobre un problema que amenaza a uno de los segmentos económicos en auge en el sur de Tenerife. Desde este colectivo se recuerda que basta con abrir una página en Internet o captar a las víctimas en un bar o en la misma calle para activar la maquinaria del fraude. “Les proponen un chollo y luego pasa lo que pasa, propiedades que arrastran cargas o que no están debidamente registradas o, simplemente, los famosos intermediarios que prometen y prometen hasta coger el dinero y desaparecer”.
La nueva asociación confía en mantener a corto plazo una serie de encuentros, que ya se han solicitado, con el Gobierno de Canarias y los alcaldes de los municipios turísticos del Sur, a los que quieren hacer ver las “pérdidas millonarias” que sufren las administraciones públicas en concepto de impuestos no pagados.
“Nosotros, en cambio, abonamos religiosamente IBI, IGIC, plusvalías, transmisiones patrimoniales y basura, además de generar actividad económica entre abogados, notarios, asesores fiscales, tiendas de muebles y empresas de reformas”.
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