El alquiler vacacional ha venido para quedarse. De esto ya no hay ninguna duda. Si hace unos años se pensaba que era una fórmula turística de moda, ahora tanto hoteleros como el Gobierno regional han entendido que no se le pueden poner barreras, y lejos de intentar frenar esta alternativa turística, han optado por regularla, como se ha hecho en otros países. Ocurrió con el turismo del todo incluido, al que el sector de la restauración y el ocio puso toda clase de impedimentos. Pero ahora es una modalidad turística como otra cualquiera.
Lo que está claro es que una región como Canarias, que el año pasado recibió casi 16 millones de turistas, no puede dar la espalda a una nueva fórmula que el propio turista demanda. Según un informe del Gobierno regional sobre el alquiler vacacional, que presentó la pasada semana, de los 15,9 millones de turistas que visitaron el Archipiélago, el 9,19%, es decir, 1,4 millones, se alojaron en viviendas de alquiler vacacional, una cifra medio punto superior a la de 2016. Pero es que dicho estudio revela además que la demanda de este tipo de alojamientos va en aumento año tras año.
Siendo ya conscientes de esto, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y ha elaborado un decreto que alberga reticencias por parte de algunos sectores y, especialmente, de la asociación del alquiler vacacional, pero que el Ejecutivo está presentando a todos los agentes sociales y económicos, así como a ayuntamientos y empresarios.
El principal escollo de este texto está, precisamente, en su ámbito de actuación. El Gobierno plantea la exclusión de esta actividad en zonas de alta concentración hotelera y extrahotelera, ya que la ley entiende que la vivienda vacacional es un “uso complementario” del residencial y, por tanto, la habrá donde se pueda dar ese uso residencial. Donde no hay uso residencial, se niega. Los municipios turísticos y la propia asociación de alquiler vacacional rechazan esta prohibición. Los primeros, porque ven en esta modalidad otra nueva fuente de negocio y de incrementar el número de turistas, al tiempo que opinan que no es buena idea que los visitantes se alejen de las zonas turísticas. Los segundos entienden que no tiene sentido habilitar las zonas residenciales para el turismo y se oponen a que sean los ayuntamientos los que tomen las riendas en este asunto, puesto que pueden darse situaciones aleatorias, como que permitan el alquiler vacacional en un edificio y en el de al lado no.
Por otro lado, el traslado del alquiler vacacional a zonas residenciales puede provocar, como ya está ocurriendo, un encarecimiento en los precios del alquiler de la vivienda de larga duración. Según el índice inmobiliario de Fotocasa, en Canarias el precio de la vivienda en alquiler experimentó en enero un ascenso del 5,1%, situándose en 7,55 euros el metro cuadrado al mes. Canarias ocupa la quinta posición en el ranking de comunidades con los precios de alquiler más elevados. Le preceden Cataluña, Madrid, País Vasco y Baleares. De las dos provincias canarias, Santa Cruz de Tenerife es la que más incrementa el precio en enero (6%). Entre los municipios donde más creció el precio de la vivienda están Adeje, con el 8,8% y una media de 11,16 euros el metro cuadrado; Santa Cruz, con un incremento del 8,5% con respecto al mes anterior y 6,64 euros el metro cuadrado, y La Laguna, con un crecimiento del 3,1% y un precio medio de 6,49 euros el metro cuadrado.
Desde la asociación del alquiler vacacional, su presidenta, Doris Borrego, siempre ha negado una vinculación directa entre el alquiler vacacional y el incremento de precios en la vivienda residencial, pero lo cierto es que es una, eso sí no la única, consecuencia de este crecimiento de precios.
Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa, lo explica muy bien. “El precio del alquiler sigue creciendo como consecuencia de varios factores: la fuerte demanda en un contexto de recuperación económica y de mejora del empleo; la imposibilidad de muchos españoles de acceder a la compra de una vivienda, y la apuesta de los inversores por las altas rentabilidades que ofrece la compra de vivienda para ponerla en alquiler. Pero también influyen otros factores, como el cambio de mentalidad a favor de esta forma de vida y el boom del alquiler turístico en las grandes ciudades y principales destinos de la costa”.
El propio alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, reconoció la pasada semana, tras reunirse con el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, que el alquiler vacacional es una “salida” para muchas casas de la ciudad que están en “ruina”, en las que sus propietarios no pueden hacer frente al coste de su rehabilitación porque no van a tener una actividad económica posterior. Por ello, Bermúdez prepara una ordenanza, que estará lista este año, para abrir el alquiler vacacional a los inmuebles protegidos y permitir que edificios completos sean explotados para el alquiler vacacional siempre que haya acuerdo entre todos los propietarios.
Sin duda, el Ayuntamiento capitalino está viendo una oportunidad de negocio en esta nueva actividad en expansión y no observa una relación directa entre la subida de los precios del alquiler a los residentes con el auge del alquiler vacacional.
De la misma opinión es el presidente de la Federación Provincial de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, quien aseguró a este periódico que, lejos de ver en esta nueva actividad al enemigo, es “una oportunidad importantísima para el fortalecimiento económico de las Islas”. Según Izquierdo, el Gobierno se “ha equivocado” desde el principio al entender que se trata de un asunto que solo atañe al sector turístico, “cuando se trata de un problema multisectorial que afecta a muchos ámbitos: el del ocio y restauración, el comercio, y sobre todo, la construcción.
No es un problema del turismo y de los hoteleros, es de todos”. Por ello, Izquierdo reclamó al Gobierno que cree una mesa multisectorial para tratar este asunto en la que participen todos los sectores de la Isla y agentes económicos y sociales, y que sea dirigida por el consejero de Economía, Pedro Ortega, “porque es un nicho de generación de empleo y desarrollo económico de las Islas. “Desde esta mesa”, prosiguió, “entre todos buscaremos un equilibrio para darle la vuelta a esta nueva forma de negocio y aprovechar sus ventajas”. “El alquiler vacacional se ha convertido en la forma idónea de viajar para mucha gente y nosotros, con 16 millones de turistas, tenemos que dar esa salida”.
Para el sector de la construcción, el alquiler en general, tanto residencial como turístico, significa “reforma” y “rehabilitación”, y una manera de generar empleo, mejorar la calidad de los inmuebles y aumentar su revalorización. Lejos de ver a esta nueva actividad como un problema, según Izquierdo, hay que “tratarla como una oportunidad y una salida para muchos inmuebles, la reforma, la generación de empleo y el desarrollo económico”. “Es un error”, insistió, “pensar que es solo un asunto que afecta al turismo”.
