Terminadas las diligencias previas, el juzgado de Güímar ha abierto el procedimiento abreviado por el cual acusa al centro de mayores Sor María de Jesús, y por ende a su gestora, Margarita Morales, de presunta estafa y maltrato a mayores, según confirmó ayer el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, quien se mostró satisfecho de la medida porque es “una investigación judicial más novedosa y se actúa por primera vez con contundencia y va más allá del expediente administrativo”.
Candil aclaró que la vía penal va por un camino, en el que la Viceconsejería también está inmersa, pero que por vía administrativa, tras las inspecciones realizadas, “con la Guardia Civil, porque nunca nos abrió las puertas del centro”, se le ha impuesto una sanción de más de 70.000 euros por “mantener abierto un centro que no cumplía con la normativa”, relatando este hecho como “un punto de inflexión en el comportamiento que ya estamos teniendo con otros centros”, que el viceconsejero calificó de “piratas”.
Aunque tanto la sanción administrativa como los cargos de los que le acusa el juez, una vez termine el procedimiento abreviado, son recurribles, lo cierto es que “se ha demostrado que este centro operaba de manera irregular” y no supo confirmar si en la actualidad sigue estando abierto o no. “Nosotros lo mandamos a cerrar, aunque no podemos garantizar que no tenga a nadie en él”, dijo el viceconsejero.
La causa judicial, en la que también se personó el Ayuntamiento de Güímar, se abrió hace casi un año, a raíz de las denuncias interpuestas en mayo, cuando familiares de los ancianos que se encontraban en el inmueble trasladaron al juez las condiciones en las que encontraron a sus mayores, cuando fueron invitados por la gestora del centro a recogerlos, al cambiar la actividad de geriátrico a centro zen.
Ante las denuncias, Margarita Morales trasladó a una docena de ancianos a un chalet de su propiedad en Arafo y unos meses después volvió a ubicarlos en el inmueble de Las Tanquillas, en Güímar, según denuncias de los vecinos trasladadas al Ayuntamiento, sin que se hiciera efectivo el cierre cautelar decretado por la Viceconsejería de Políticas Sociales.
Margarita Morales se enfrenta ahora a los cargos de estafa y maltrato a mayores, después de que desde 2011 haya ido sorteando distintas denuncias en los juzgados.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas