CASO GRÚAS - LA LAGUNA

La Audiencia Provincial ordena la imputación de José Alberto Díaz Domínguez (CC)

La oposición solicitará el lunes que el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, también sea citado como investigado

A la izquierda, el alcalde de La laguna, José Alberto Díaz; a la derecha, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez. Sergio Méndez
A la izquierda, el alcalde de La laguna, José Alberto Díaz. / Sergio Méndez

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la imputación del actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Domínguez (Coalición Canaria), a cuenta del llamado caso Grúas, por el que también ya declaró como investigado el portavoz y concejal de CC en el Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados, Antonio Pérez Godiño.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicitó en su momento al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna que le exponga razonadamente si, finalmente, el exalcalde y hoy presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (también de CC), debe ser finalmente imputado o no por esta causa.

Precisamente, las acusaciones populares personadas en el caso, que están impulsadas desde los grupos municipales laguneros de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s se puede, anunciaron ayer que el próximo lunes pedirán al juzgado en cuestión que agilice los trámites para que Clavijo sea también citado en calidad de investigado. Anteriormente, ya declaró como imputado en el llamado caso Corredor antes de las pasadas elecciones autonómicas.

La decisión de la Audiencia sobre la imputación de José Alberto Díaz obedece al recurso presentado, precisamente, por los representantes legales de XTF-NC, disconformes con la idea inicial de la jueza lagunera de no llamar como imputado al alcalde de CC, ya que, a su juicio, el hecho de que Díaz no firmase ninguno de los tres decretos bajo sospecha lo eximía de responsabilidad alguna.

Sin embargo, tal y como se recoge en el auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, “del análisis de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas, se desprende indiciariamente que [el alcalde de La Laguna] participó, mediante la emisión de informes y propuestas favorables, en la tramitación del expediente administrativo en el que se dictaron los decretos (…) los que se levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión a la entidad Autogrúas Poli SL de un préstamo de dinero y a la prórroga del contrato para la gestión del servicio de retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública; y se acordó la prórroga del referido contrato”.

“Por todo ello -continúa la Audiencia- entendemos que está fundamentada en este momento procesal la solicitud de la práctica de la declaración en calidad de investigado de José Alberto Díaz”.

Este auto de la Audiencia Provincial lleva la rúbrica de la magistrada Esther Nereida García (como ponente), de Joaquín Astor Landete (presidente de la Sección Segunda y de la Audiencia provincial) y de Jaime Requena, y su principal consecuencia es que el juzgado lagunero llamará en breve al alcalde a declarar en calidad de investigado. Tras celebrarse dicha citación, no se descarta que la jueza llame a algún testigo más, por cuanto las acusaciones populares ya han solicitado que se escuche el testimonio de José Padilla, antiguo propietario de la concesionaria, así como el de alguno de los trabajadores de la empresa. Sea como fuere, al finalizar estas periciales, el juzgado enviará toda la documentación del caso al TSJC para que decida sobre si Clavijo corre la misma suerte que Pérez Godiño y su sustituto al frente de la Alcaldía.

El caso Grúas versa sobre la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Fue también la Audiencia Provincial la que, en otro auto, apreció indicios delictivos suficientes como para seguir investigando judicialmente la aprobación de tres decretos municipales por los que se concedió un préstamo de 120.000 euros y se prorrogó la concesión de las grúas laguneras a una compañía que, en aquel momento (2014), se encontraba bajo el control de un grupo de empresarios que, en la mayoría de los casos, tenía vínculos personales con Clavijo.