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Las inmobiliarias alertan del aumento de “grupos organizados” de okupas en el sur

La asociación que representa al sector en la comarca advierte del crecimiento de esta práctica y anuncia que, si las administraciones no lo remedian, puede ser “una ruina para Tenerife”

Dos turistas caminan por el paseo de Los Tarajales (Los Cristianos) frente a un asentamiento de okupas. S. Méndez

La creciente presencia de okupas en la comarca ha activado las alarmas entre las inmobiliarias del Sur. La recién constituida asociación que integra a 32 empresas del sector denuncia la existencia de grupos organizados que se dedican a asaltar viviendas aprovechando la ausencia de sus propietarios o inquilinos.

Tenerife South Real Estate Association, que cuenta con 150 trabajadores y atiende a más de 5.000 clientes al año, reclama una respuesta más contundente de las instituciones para atajar un problema que, asegura, daña gravemente la imagen de Tenerife como destino vacacional y pone en riesgo su futuro turístico. Las oficinas inmobiliarias han constatado un incremento de esta práctica ilícita e, incluso, aseguran que en el último año ha aumentado la llegada de okupas desde la Península y de otros países europeos.

“En San Isidro, hay una señora italiana que controla y organiza los pisos, tanto los que se han quedado los bancos como los que tienen propietarios particulares, les cambia la cerradura y los vende a okupas desde 300 euros. Lo que ocurre es que cuando se presenta una denuncia, el proceso es muy lento, puede tardar meses y en el momento que interviene la Policía ya hay otros inquilinos, y el procedimiento tiene que empezar de nuevo”, explica a DIARIO DE AVISOS Domenico D’ Eliso, vicepresidente de la asociación, que pide “amparo al Estado de Derecho” para acabar con estos grupos organizados.

“Están llegando okupas desde ciudades como Barcelona, donde ya vemos lo que está pasando con este movimiento, y de países como Italia, donde cuando un viejito ingresa en un hospital no tardan en entrar en su casa. Si eso pasa aquí, será la ruina de Tenerife y las autoridades parece que no son conscientes de la gravedad del problema, porque estamos ante un criadero de delincuencia”, denuncia el vicepresidente del colectivos de inmobiliarias en el Sur.

Padrones municipales

El sector sitúa una de las vías de agua actuales en los padrones municipales. “¿Cómo es posible que alguien se pueda empadronar tranquilamente en un ayuntamiento sin tener un contrato de alquiler o un contrato de venta, cuando sabemos que un okupa desde que se empadrona la Policía prácticamente no lo puede tocar?”, se pregunta D’ Eliso, que también pide al Gobierno de Canarias que “haga algo” para hacer frente a este fenómeno.

El presidente de Tenerife South Real Estate Association, Rubén Darío Rodríguez, sostiene que si el fenómeno okupa se agrava se creará mayor inseguridad y las consecuencias llegarán en forma de caída de precios. Recuerda que los okupas conocen que la mayoría de extranjeros que residen en el sur de Tenerife viven la mitad del año en la Isla, coincidiendo generalmente con las estaciones de otoño e invierno, y la otra mitad en sus países. Relata que la práctica de ocupar ilegalmente un piso es generalizada en la comarca y, especialmente en localidades como San Isidro, Las Chafiras y Callao Salvaje.

“Un empleado nuestro, que se fue a Bélgica cuatro días, al regresar a su casa en Llano del Camello, en San Miguel de Abona, se encontró que no podía entrar a su vivienda, y lo tuvo que hacer por una ventana que estaba abierta. Comprobó que alguien había estado en su interior y cuando se encontraba cambiando la cerradura apareció una señora con un bebé para entrar al piso. Él le preguntó quién le había dejado entrar en su casa, y ella le respondió que le había abierto la puerta un señor, al que le pagó 300 euros”, explicó el presidente de la asociación sureña de inmobiliarias, que califica de “muy graves” hechos como este.

Tanto Rubén Darío Rodríguez como Domenico D’Eliso aseguran que la mayoría de los okupas no son personas que han perdido su trabajo y tienen una familia a sus espaldas. “Muchos se dedican a actividades ilegales, como la venta de drogas y, sobre todo, robos, que en los últimos años se han multiplicado por 10”. Ambos aclaran que respaldan la “labor encomiable” de los servicios sociales de los ayuntamientos, apoyando a las familias más necesitadas, “pero no a quienes venden droga o roban”.

Las estafas a inversores extranjeros, el otro gran problema

La primera asociación de agencias de propiedad inmobiliaria del sur de Tenerife ya denunció días atrás en DIARIO DE AVISOS el “alarmante incremento” de las estafas en operaciones de compraventa a inversores extranjeros, a los que se les ofrecen supuestos chollos que en realidad son propiedades que arrastran cargas o que no están debidamente registradas, cuando no aparece la figura de un intermediario que, tras prometer lo que no está en los escritos, coge el dinero y desaparece. Por ello, el nuevo colectivo, que quiere crear un colegio profesional, pide que no se confíe en cualquier persona que venda apartamentos y reclama al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos, con los que se reunirán en las próximas fechas, un “compromiso serio” para poner freno a esta lacra que, a su juicio, está causando un “gravísimo daño” a la imagen de la isla de Tenerife en el exterior.