El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife suspendió ayer ladeclaración del único investigado, el técnico Miguel Pintor, por una presunta malversación de dos millones de euros en el área de Carreteras del Cabildo. Esta medida viene derivada de la fase en la que se encuentra la instrucción de este caso, puesto que hay otros dos funcionarios en el área de Carreteras, Sergio Leiva y Luis Gutiérrez, compañeros de Pintor, que rubricaron algunos de los expedientes objeto de la acusación, pero a los que todavía no se les ha tomado declaración. Éstas se pospusieron porque el Ministerio Fiscal y la acusación popular (que representa al grupo de Podemos en la institución insular), solicitaron el 30 de junio de 2017 el acceso a todos los informes del Cabildo para conocer si había existido perjuicio patrimonial o no para la Corporación insular. La jueza aceptó esta solicitud para saber si los llamaba a declarar como testigos o como investigados. Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido el archivo de la causa.
En el conocido como “caso Carreteras”, se está investigando la duplicidad de pagos en algunas obras, la adquisición de dos softwares similares para controlar las cámaras del túnel de la avenida 3 de mayo y de las del túnel del Guincho y algunas otras pequeñas actuaciones, presuntamente ilícitas, que en su momento pusieron en manos de la fiscalía, el ex consejero de Carreteras del Cabildo, el socialista, José Luis Delgado, respaldado por los Servicios Jurídicos de la primera corporación local de la isla de Tenerife.
Uno de los presuntos pagos fraudulentos que se le imputan a Pintor está relacionado con las cantidades que se abonaron para la vigilancia de las obras de la autopista del Sur (TF-1) por parte del Cabildo de Tenerife, cuando las actuaciones las realizaba el Gobierno de Canarias. De hecho, el Ejecutivo autonómico no posee cuadrillas de vigilancia para llevar a cabo esta función, por lo que el Cabildo, así lo entendieron los técnicos, asumió el importe fijo por la vigilancia de toda la autopista.
Según la versión que esgrime la defensa de Pintor, los más de 400.000 euros que se le abonó por parte del Gobierno de Canarias a Traysesa, empresa que realizaba las obras, tenían que ver con otras pequeñas actuaciones no incluídas en el presupuesto. Este supuesto pago por duplicado, tenía el beneplácito de la Directora Insular de Carreteras, Ofelia Manjón, tal y como lo aseguró en su declaración como testigo, el pasado 30 de junio de 2017, y según defendió ante la jueza, suponía un “ahorro” para el Cabildo.
Manjón, al ser la superiora jerárquica y funcional de Pintor, confirmó en esa testifical que conocía, sin ningún género de dudas y estaba informada de todas las actuaciones realizadas por el funcionario.
Por ello, el letrado de Miguel Pintor, José Luis Gutiérrez, presentó el 18 de febrero un recurso solicitando el sobreseimiento del caso al estimar que los presuntos delitos que recaen sobre su defendido han sido “desvirtuados”. En ese documento, al considerar que no hay indicios de un delito penal, debería archivarse. De lo contrario, el abogado defiende en ese informe, que al estar al tanto de las decisiones que se tomaban por parte del ex jefe del Servicio Ténico del área de Conservación de Carreteras, también debería ser investigada la directora insular, Ofelia Manjón-Cabezan, al igual que los otros dos funcionarios de ese área, Sergio Leyva y Luis Gutiérrez, que, al igual que Pintor, participaron en los expedientes objeto de esta causa.
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