La Universidad de La Laguna (ULL) ha encargado ya la investigación para dilucidar el posible caso de acoso sexual por parte de un profesor a dos alumnas a un perito externo, especializado en materias de género. Así lo confirmaron ayer a este medio fuentes de la institución académica, que añadieron que esta decisión se tomó tras la presentación el pasado viernes de dos denuncias en el Rectorado del centro, lo que, automáticamente, provocó la activación del protocolo contra acoso sexual con el que cuenta la ULL.
El presunto caso de acoso por parte de un docente a algunas alumnas saltó a la luz el pasado 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, cuando varias estudiantes llevaron a cabo un escrache en contra del profesor que presuntamente había incurrido en estas prácticas. La protesta, que fue grabada en video se convirtió en viral, causando un gran revuelo en toda la comunidad educativa. Hasta el momento y según manifiesto la Universidad, no se había activado el mencionado protocolo -que entró en vigor en 2015- debido a la carencia de denuncias de las supuestas víctimas. Por ello, con la queja formal realizada el viernes, ayer mismo el servicio de Inspección, encargado de recibir la denuncia procedió a la búsqueda del experto externo para dilucidar qué ha sucedido y si hay indicios de delitos.
Un vez finalizada la investigación independiente al centro, los resultados de esta serán elevados al Rectorado que, o bien decidirá archivar el caso o incoar un expediente disciplinario contra el docente acusado. Del mismo modo, delegará en un experto en derecho, de la propia Universidad, la realización de este expediente y, en caso de verificar que hubiese indicios de delito, la institución podría elevar a los Tribunales la causa. Independientemente al dictamen judicial, la Universidad puede, también, resolver este asunto de forma administrativa tomando las medidas oportunas, que pueden ir desde el archivo de la causa, hasta el expediente sancionador o la expulsión del acusado.
De forma paralela e incluso desde estos momentos, la institución académica puede instaurar medidas cautelares para proteger a las posibles víctimas. Entre ellas, se podría acordar -y es probable que se haga próximamente- separar a las denunciantes del acusado y que este docente ni les imparta clases ni las evalúe.
En caso de que, finalmente, la ULL determine que hay indicios de delito y se acuerde elevar esta denuncia al Ministerio Fiscal, no sería la primera vez que el centro toma esta decisión en los últimos años. De hecho, desde 2015 que se puso en marcha el protocolo contra el acoso sexual, se ha activados en diez ocasiones y en una de ellas se acordó llevar a los Tribunales el proceso, aunque de momento no hay sentencia.
Por contra, en el resto de los casos o se ha resuelto mediante el procedimiento administrativo, con la imposición de medidas disciplinarias, o bien se ha archivado. Cabe recordar que la ULL fue una de las primeras universidades en poner en marcha el citado protocolo y contra el acoso psicológico.
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