El Gobierno de Canarias presentó ayer el borrador del nuevo decreto que regula el alquiler vacacional en las Islas, no exento de polémica. El texto vuelve a limitar esta actividad al suelo residencial y la excluye con carácter general de las zonas turísticas, aunque añade que los cabildos y ayuntamientos podrán fijar excepciones. La medida desató la indignación del sector contra el Gobierno canario. “¿Si ahora sube el precio del alquiler, también será culpa nuestra?”, protestó Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Por su parte, Domenico D’Eliso, vicepresidente de la asociación de agencias de propiedad inmobiliaria del sur de Tenerife, denunció: “El decreto está hecho al dictado de la patronal, Ashotel”.
Esto significa que si un ayuntamiento quiere permitir el desarrollo de esta actividad en su zona turística, el decreto le permite hacerlo, pero siempre que esté de acuerdo con el Cabildo insular. En caso de disparidad con las corporaciones locales, “primará el criterio de los cabildos, por jerarquía urbanística”, según avanzó el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, ayer durante la presentación del documento a los medios de comunicación.
El objetivo, declaró, es “ayudar a garantizar el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la sostenibilidad y calidad, y evitar el crecimiento desordenado sobre el territorio, siempre desde el ámbito competencial que tenemos, que es el turístico, y permitiendo que las corporaciones locales establezcan excepciones”. “El fenómeno del alquiler vacacional no se desarrolla de la misma manera en todas las islas ni en todos los municipios, por lo que la solución debe ser flexible, algo que solo se conseguirá si se incorpora a los cabildos y ayuntamientos a través de sus instrumentos de planificación en ejercicio de sus competencias”, apuntó Castellano.
Además de definir las zonas en las que se podrá desarrollar el alquiler vacacional, los cabildos y ayuntamientos también podrán incluir estándares de calidad. Del mismo modo, el proyecto incluye la necesidad de respetar los convenios colectivos también para los trabajadores del alquiler vacacional, y establece unos equipamiento y estándares mínimos que se han de cumplir. “Por ejemplo -manifestó Castellano-, en todo momento el propietario de la vivienda deberá estar localizable tanto para el turista como para la comunidad”.
Este nuevo decreto, una vez que se apruebe, sustituirá al de mayo de 2015, que también prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas, pero sin excepciones. Este texto está pendiente de una sentencia recurrida al Tribunal Supremo. En el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se advertía claramente al Gobierno de que no se podía limitar esta actividad a las zonas residenciales, al tratarse, precisamente, de una actividad turística. Sin embargo, a la espera de la resolución del Supremo, el Ejecutivo regional ha vuelto a incluir esta premisa en el decreto, pero dejando que sean los ayuntamientos y cabildos los que tomen la decisión de qué hacer en sus municipios.
Preguntado por esta cuestión, Castellano negó que haya un “vacío legal” y añadió que, en cualquier caso, “habrá que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo”. Lo cierto es que circunscribir esta actividad a las zonas residenciales elevará, aún más, los precios de los alquileres en zonas no turísticas. Precisamente, desde el Ayuntamiento de Arona se insistió ayer en que el decreto debe circunscribirse a las zonas turísticas, “y tampoco al conjunto de ellas, sino a determinados ámbitos en los que este fenómeno puede sumar al destino como alternativa, no restar”. Desde la Corporación sureña se asegura que este nuevo decreto supondrá “desplazar el fenómeno del alquiler vacacional a las zonas de medianías o residenciales, lo que dificultará el acceso a precios asequibles de residentes, además del descanso y la buena convivencia que deben primar sobre otra circunstancia”.
De hecho, este fenómeno ha disparado por encima del 40% la diferencia que existe entre lo que paga por el mismo piso un inquilino que esté de alquiler o quien tenga la casa en propiedad y haga frente a una cuota hipotecaria. Según los datos del portal inmobiliario Casaktua, publicados por Canarias 7, un piso que tenga hoy una hipoteca de 420 euros al mes se está alquilando por 650-750 euros, y otro de 350 euros de letra se arrienda por 500-550 euros en el centro de las grandes ciudades. Uno de cada diez inquilinos ha sufrido un incremento de su mensualidad, en una cantidad que oscila entre los 50 y los 100 euros, lo que está provocando que muchos se vean expulsados de sus viviendas ante la imposibilidad de hacer frente a los nuevos precios que fijan los propietarios.
Por ello, la mayoría de las inmobiliarias isleñas están animando a sus clientes a comprar, pero las dificultades para acceder a un crédito, por los bajos sueldos que hay en las Islas y la excesiva temporalidad del mercado de trabajo, impide que muchas operaciones puedan cerrarse. De ahí que la principal opción para los isleños sea el alquiler. Según el estudio de Casaktua: el 20% de los que prevén cambiar de residencia aspira a comprar, frente al 24% que baraja irse de alquiler.
El alquiler turístico vacacional supone alrededor del 10% de la oferta alojativa de Canarias, una cifra que se mantiene estable desde 2010, según los estudios realizados por la Consejería, que apuntan que la oferta de viviendas creció el 5,8% desde 2016 a 2017, hasta un total de 31.675 viviendas, lo que representa algo más de 131.000 camas en las Islas.
Con este borrador, Canarias va en contradirección, ya que mientras Palma de Mallorca, Ámsterdan o París, están prohibiendo esta actividad en las zonas residenciales para, precisamente, facilitar el acceso a la vivienda de los residentes, en Canarias se fomenta todo lo contrario.
El texto, que aún no es definitivo, se someterá ahora a un periodo de información pública de un mes en el que todas las organizaciones y agentes sociales podrán presentar alegaciones, para posteriormente pasar por los distintos departamentos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo, para ser aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno “en unos cuatro o cinco meses”, calcula el consejero.
Doris Borrego: “El Gobierno vuelve a incurrir en una normativa ilegal”
El nuevo decreto hecho público ayer sentó como un jarro de agua fría a los afectados por esta actividad, que anunciaron que presentarán alegaciones al documento. La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego, no recibió el texto hasta las 14.00 horas de ayer y criticó las “formas” en las que el Gobierno ha tramitado todo el borrador, “porque ni siquiera nos reunió para explicarlo. No tiene nada que ver con lo que hizo en su momento Paulino Rivero”.
A falta de analizar más en profundidad el documento, Borrego declaró que es una “norma mucho más restrictiva que la anterior” y añadió que el Gobierno regional “vuelve a incurrir en una ilegalidad al limitar la actividad a las zonas residenciales”. “Cuatro sentencias de los tribunales”, prosiguió, “le han dicho que no puede limitar el alquiler vacacional a las zonas residenciales, sino a las zonas turísticas, porque al tratarse de una actividad turística no tiene lógica que no se permita en las zonas turísticas. Sin embargo, prosiguió, “una vez más vuelven a incurrir en una ilegalidad, porque el hecho de que permita excepciones no quita la prohibición expresa inicial”.
Además, según Borrego, esto provocará lo que “todo el mundo dice que es culpa nuestra: el incremento de los precios del alquiler en las zonas residenciales. Si suben los precios ahora, ¿de quién es la culpa?”, se preguntó.
Asimismo, insistió en que vuelven a prohibir los bed and breakfast y van más allá al restringir también que un propietario pueda hacer uso de esa vivienda los dos meses de verano. “Nos dice que si yo tengo una casa que alquilo todo el año, pero en verano la quiero para disfrutarla yo con mi familia, no puedo”. De igual modo, declaró que se reduce a tres las viviendas que puede tener un propietario para pasar a tener la categoría de actividad profesional, “cuando nosotros pedíamos que fuera a partir de 5”.
Por su parte, Domenico D’Eliso, vicepresidente de la asociación de agencias de propiedad inmobiliaria del sur de Tenerife, se mostró también “indignado” por el texto y fue más allá, al decir que está hecho “al dictado de la patronal, Ashotel”.
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