Una de las consecuencias más inmediatas del nuevo decreto que regula el alquiler vacacional en Canarias, presentado el lunes por el Gobierno regional, será, sin duda, un incremento de precios en los alquileres de viviendas residenciales, al quedar prohibida esta actividad en las zonas turísticas.
Así lo explicó ayer el vicepresidente de la asociación de agencias inmobiliarias del sur de Tenerife, Domenico D’Eliso, quien calificó el texto de “injusto, parcial e insolidario” con los pequeños inversores y con la creación de empleo, además de considerarlo “dañino” para la economía Canaria.
D’Eliso discrepó rotundamente de la idea planteada ayer por el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, y el propio consejero de Turismo del Gobierno, Isaac Castellano, que aseguraron que el nuevo texto facilitará el acceso a una “vivienda digna” de los residentes, cuando lo que provocará “será justamente todo lo contrario”. “Lo que propone el Gobierno es prohibir el alquiler vacacional en las zonas donde hay demanda turística, y en cambio lo permite en la mayoría de las zonas residenciales, causando un problema gravísimo a las familias residentes”. “Hay que tener en cuenta”, añadió, “que si un propietario de una vivienda puede alquilar su casa a 500 euros por semana, no la alquila por 500 euros al mes. Los residentes, con los sueldos que hay, no podrán pagarse ese alquiler y tampoco pueden optar por venir al Sur todos los días, tal y como están las carreteras”.
Con la actual normativa de 2015, que está pendiente de la resolución judicial del Tribunal Supremo, porque ha sido declarada ilegal al prohibir el ejercicio de esta actividad en zonas turísticas, tal y como insiste el nuevo texto, los precios de los alquileres se han incrementado por encima del 40% en algunos municipios. A tal punto que, actualmente, sale casi más “rentable” comprar una vivienda y pagar una hipoteca que alquilar.
Pero es que el vicepresidente de la asociación lleva este asunto más allá, y señala que pueden producirse problemas de convivencia, porque si una familia ha comprado una vivienda en una zona tranquila y vienen turistas a “montar la fiesta…”. “Este tipo de regulación -agregó- muy pronto puede llevar a los mismos problemas de convivencia que están ocurriendo en ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza”, en las que se está produciendo el fenómeno de la turismofobia.
En su opinión, el decreto, tal cual lo ha presentado el Gobierno, es un “sinsentido” que no favorece “sino a la patronal”. “Imagínese que yo alquilo una hamaca para tomar el sol y me dicen que no, que en la playa no, que puedo tomar el sol, pero en la autopista. Un disparate, ¿no? Pues este decreto lo que plantea es eso”, explicó.
D’Eliso se quejó de que esta actividad ha sido vista muchas veces de forma errónea como “un problema”, pero añadió que “hay que verla como una fantástica oportunidad de negocio y beneficio”, y por ello propuso al Gobierno “que regule esta actividad de forma que satisfaga a todas partes, no solo a los hoteleros”. Precisamente, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) “aplaudió” ayer el proyecto de decreto del Gobierno regional, en especial lo relacionado con delimitar la actividad a zonas no turísticas y en lo referente a no permitir el uso vacacional de viviendas que se construyan para este fin con posterioridad a la entrada en vigor del decreto, lo que el presidente de la patronal, Jorge Marichal, denominó “pseudohoteles construidos expresamente para el desarrollo de alquiler vacacional”.
Aunque la última palabra para prohibir el alquiler vacacional la tendrán ayuntamientos y cabildos, Marichal señaló que “la separación de usos, residencial y turístico, es lo que nos ha permitido hasta ahora tener un modelo turístico de éxito, avalado por la buena marcha del sector en estas décadas”.
Otro de los aspectos que también resalta la patronal es que no se permite hacer simultáneo el uso residencial de la vivienda con el complementario de vacacional, de forma que nadie podrá residir en ella mientras esté destinada a la citada actividad turística. De esto se quejó ayer también la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego, quien aseguró que si una familia alquila todo el año la casa, “no podrá quedarse con los meses de verano para ella”.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife anunció ayer que analizará con los 31 municipios de la Isla la nueva regulación en un foro de debate antes del verano.
