“La interventora siempre advirtió a Luisa Castro de los reparos”

Por DA / N. C.

Sí se puede (SSP) recuerda a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), que la Intervención municipal le advirtió sobre los reparos que levantó y que fueron objeto de las denuncias presentadas conjuntamente por los dos grupos opositores en el Ayuntamiento, SSP y PSOE, en noviembre de 2015. Estas denuncias fueron ampliadas en 2016 con más datos relativos a distintos pagos ejecutados, presuntamente, sin ser acordes a la ley ni a procedimientos administrativos.

Sí se puede considera que Castro presenta argumentos inconsistentes ante el tribunal, según se desprende de sus propias declaraciones en prensa en relación a lo que respondió el pasado jueves, en su condición de investigada, en el Juzgado Número 3 de Güímar.

La alcaldesa güimarera tuvo que declarar en el marco de las diligencias previas abiertas en el proceso penal que se sigue por presunto delito continuado de prevaricación administrativa, según el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. En este sentido, Sí se puede señala que su denuncia se basa en los informes desfavorables de Intervención, que identificó “graves infracciones”, principalmente en los procedimientos de externalización de servicios u obras, en el incumplimiento de trámites esenciales para las autorizaciones o en la contratación de personal eventual.

Precisamente, la anterior interventora municipal tuvo que renunciar a su puesto, debido a las “presiones que sufría”, incluso llegando a notificar el supuesto acoso ante un notario. Ruth Arteaga, que compaginaba su cargo con el de secretaria municipal en Arafo, se mantiene en ese cargo y además ejerce de interventora en Arico.

Asimismo, aparte de ser informada por el personal técnico, la alcaldesa fue advertida sobre la gravedad de sus infracciones por parte de los grupos de la oposición en distintas sesiones plenarias, según precisa el portavoz de Sí se puede, Ruymán Expósito.

La respuesta de la Fiscalía se produjo en julio de 2016, tras estudiar nuevos documentos aportados en marzo de ese año para apoyar la denuncia inicial. El fiscal decidió entonces unir las diligencias para investigar posibles infracciones en materia contractual tras constatar la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación, y señaló como posibles infractores a la alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), y los concejales Verónica Jorge (CC) y Sixto Alfonso (Alternativa por Güímar), sin perjuicio de que la investigación pueda apuntar a otras personas.