La vía Ofra-El Chorrillo, que tenía que unir el populoso barrio capitalino con la conexión con la autopista del Sur (TF-2), podría incumplir parte del articulado de la Ley de Contratos Públicos. Según las fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, no se entiende que el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), recepcione, en una especie de huida hacia adelante, una obra inconclusa, con un sobrecoste que supera el 40%, y que pretenda sacar a licitación otro proyecto para terminar esa carretera. Según el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto1098/2001 de 12 de octubre, este “obliga a que las obras se completen y sean susceptibles de ser entregadas al uso público”. Como se puede apreciar en la imagen, tomada en la mañana de ayer, la carretera entre Ofra y el barrio lagunero de San Matías, dista mucho de estar terminada y de poder ser disfrutada por todos. La semana pasada, Rodríguez aseguró, en comisión parlamentaria, que cuenta con el proyecto redactado para ejecutar la segunda fase de esta obra, que estaba destinada a garantizar la conectividad de los barrios de Las Moraditas y San Matías remarcando que su Consejería la licitará este año.
Entre los informes de los directores de obra, destaca el emitido el 28 de junio de 2017, en el que se afirma que “los contratos del Modificado nº1 y del proyecto Complementario deben extinguirse por estimarse nulos de pleno derecho”. Además, en el mismo documento técnico, el director de la obra confirma que se necesita resolver la “reparación de la estructura existente sobre la TF-5, solucionar el ramal directo al Hospital, o la necesaria corrección de drenaje de la obra, que es manifiestamente insuficiente”. En otro aspecto significativo, señala que la obra ha “incumplido las exigencias legales en materia de seguridad y salud”. Según los datos oficiales del Gobierno de Canarias solicitados por las diputadas Esther Gómez, de Nueva Canarias (NC), y Patricia Hernández, del Partido Socialista (PSOE), a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, las obras comenzaron el 30 de septiembre de 2008, con un plazo de ejecución de 24 meses, y un presupuesto de adjudicación de 11.601.872,00 euros. El proyecto complementario y el modificado superan los 2.300.000 euros cada uno. En total, y sin concluir la parte más costosa de esta conexión, falta por abordar la cimentación del viaducto del Barranco de Los Moriscos y el puente sobre el Barranco del Muerto, roza ya los 15 millones de euros.
La construcción de los futuros aparcamientos de la Residencia de la Candelaria también podrían convertirse en otro escollo en la construcción de esta obra que, de momento, han obviado tanto el Gobierno de Canarias como los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, José Manuel Bermúdez (CC) y José Alberto Díaz (CC), respectivamente. Los pleitos judiciales en esas parcelas del citado centro hospitalario, propiedad de la empresa Puzolana y Áridos de Tenerife, que conectarían la Avenida Príncipes de España (Ofra) con el viaducto que cruza la autopista del Norte (TF-5), siguen vigentes. El recurso que interpuso el empresario ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) supuso la suspensión del Plan de Ordenación Urbana capitalino (PGO), tras detectar la Justicia, al entrar en el fondo del documento, que carecía de procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento.
Los sobrecostes sobre el proyecto inicial que ya superan el 40%, una nueva licitación en camino, informes de nulidad por parte de los directores de la obra, algunos problemas legales en la Residencia o el deterioro de los materiales, tras más de 10 años del inicio de los trabajos, colocan a este enlace que tenía que unir Ofra con la TF-2 en una carretera sin principio ni fin.
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