La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de nulidad contra la Oferta Pública de Empleo (OPE) que realizó el Servicio Canario de la Salud (SCS) en 2007. El TSJC, por tanto, rechaza la impugnación que presentó la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), aunque el abogado que representa los intereses legales de ese colectivo y presidente del mismo, Manuel Martos, aseguró ayer que presentará recurso ante el Tribunal Supremo (TS).
La convocatoria de esta OPE dirigida a ATS (asistentes técnicos sanitarios) y DUE (diplomados universitarios en enfermería) se desarrolló en 2014, pese a que correspondía al año 2007. Aquí radica el motivo del recurso, ya que la ANIL consideraba que la convocatoria de la OPE era nula porque infringía el artículo 70 de la ley 7/07 de 12 de abril, que “establece que la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años, ya que en el presente caso pasaron más de siete”. Según defiende el TSJC en la sentencia, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, las leyes de presupuestos limitaron poder ofertar empleos públicos y de ahí el incumplimiento de ese plazo máximo. La suspensión de ese proceso selectivo hubiese afectado a los más de 5.000 trabajadores que obtuvieron plaza fija, más a todos aquellos que entraron a formar parte de las listas de empleo público del SCS.
Reacciones
El colectivo más numeroso al que podía haber afectado la impugnación era el de los enfermeros. El secretario general del sindicato de enfermería Satse, Leopoldo Cejas, consideró, en declaraciones a este periódico, que “la sentencia dictada viene a poner un grado de sensatez a un procedimiento demasiado largo de incertidumbre entre los opositores a plazas del SCS”. “Algunos quisieron obtener un rédito sindical a base de crear falsas expectativas y facilitar un proceso judicial que en nada beneficiaba a los opositores. No hay que dejarse llevar por iluminados o salvapatrias”, remarcó.
En la misma línea se mostró el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Canarias, Francisco Bautista, que lamentó que “este recurso haya tenido en vilo a más de 5.000 personas que ya eran fijas. Si se estimaba esta impugnación, tenían que volverse a presentar a las oposiciones y eso es una locura”.
Bautista consideró que “nos tenemos que felicitar por aquellos trabajadores que se sacrificaron muchísimos años para conseguir un puesto de trabajo y su plaza, porque les pertenece por su esfuerzo”.
Visión bien distinta mostró el presidente y representante legal de la ANIL, Manuel Martos, que consideró que “para intentar justificar, el TSJC nos dice que las leyes de presupuestos limitaron poder ofertar y por esa razón no se cumple el plazo de tres años”. “Esta afirmación, entendemos, es desafortunada, ya que las plazas desempeñadas por interinos vacantes son estructurales y, por ende, están presupuestadas”, enfatizó. Según el letrado, “ninguna ley de presupuestos ha limitado nunca sacarlas, solo impide crear o reponer”. “Por eso vamos a recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo”, concluyó Martos.
Recientemente, la misma asociación de interinos y laborales tomó la decisión de impugnar la OPE de Educación prevista para este año.
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