Candelaria

El auto del juez reconoce que hemos estado diligentes con los vertidos del Polígono”

Fernando Alduán, edil de Candelaria, recuerda que “la suspensión cautelar no implica que las empresas pueden verter agua sin tratar”

“El auto judicial es contundente y es un espaldarazo al trabajo que hemos realizado durante diez meses para controlar los vertidos”, afirma Fernando Alduán, concejal de Urbanismo de Candelaria, sobre la suspensión cautelar del cierre del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, decretado la semana pasada por el juez Riestra, del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

El concejal candelariero se muestra “satisfecho” porque, en la sentencia, el juez entiende “la diligencia que hemos tenido durante la moratoria de nueve meses que concedió a los tres ayuntamientos y al Consejo Insular de Aguas”, y no tiene dudas de que el resultado “es para felicitarnos”, aunque advirtió que “esto no significa que las empresas tengan manga ancha para seguir vertiendo, no da una vía libre para que sigan vertiendo al mar, ni siquiera cuando esté funcionando la Edari (Estación de depuración de aguas residuales e industriales), porque para ello deberán pretratar antes sus aguas”, sin excusas tan peregrinas como verter en las pluviales porque las tapas de alcantarillas están confundidas con el saneamiento.

Fernando Alduán admite que todavía queda trabajo por hacer y sobre todo, vigilancia, para “que mantengamos el agua del mar en tan buenas condiciones como han demostrado las analíticas que realizó la Universidad de La Laguna y ha tenido en cuenta el juez para mantener la suspensión cautelar y no cerrar el emisario”, lo que para algunas empresas significa poco menos que echar el candado, como ya se ha hecho con alguna en el municipio de Arafo, por no tener licencia para verter y otras están pendientes de resolver expedientes de cierres, aunque tras el auto judicial, la calma parece haber llegado, no solo a los tres ayuntamientos, propietarios desde 2013 del Polígono Industrial, sino también de los casi 250 empresas que desarrollan su actividad laboral en el mismo.

El alcalde de Arafo, José Juan Lemes, también se mostró satisfecho de la decisión del juez, pero advirtió de que “el asunto sigue judicializado”, recordando que sigue abierta la vía penal por denuncia de Sí se puede e Izquierda Unida cuyas diligencias previas se llevan desde un Juzgado de Güímar.

A este respecto, Fernando Alduán, comentó ayer que “aunque son dos procedimientos distintos, la decisión del juez Riestra puede contribuir en la opinión del juez del proceso penal”, recordando que “estamos investigados muchos que somos unos recién llegados, cuando hablamos de 40 años sin un tratamiento adecuado en el Polígono”.