No caben más recursos. Los tres condenados por el llamado caso Áridos tienen que afianzar las cantidades que se peritaron en 2014 durante la instrucción del procedimiento judicial (168 millones de euros) o deberán entrar en prisión para cumplir una pena de un año y tres meses, según aceptaron los tres empresarios (Plasencia, Sicilia y Morales) para no ir al juicio oral, como sí hizo Francisco del Rosario, que hoy cumple condena de tres años y medio de cárcel.
No caben más recursos al de súplica que presentaron los tres condenados ante la Audiencia, una vez concluido el plazo que se les dio de dos años desde la sentencia (26 de enero de 2016), tal y como se recordó ayer en diligencia del letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial) Domingo Celaya Ayllón, en contestación a un escrito enviado por la abogada del empresario José Enrique Morales Rodríguez (Miriam Esther García), en el que venía a interesarse sobre si la resolución del 31 de mayo de 2018 era firme o no y, en su caso, los recursos que cabían, al omitirse ese hecho en la misma.
La contestación no deja lugar a la duda: “El auto es firme, ya que no cabe recurso alguno, hecho que debe conocer la dirección letrada del penado pese a que no conste en el pie de auto resolutorio del mismo”. Ante este nuevo varapalo judicial, con un reproche incluido a la defensa de José Enrique Morales, y dado que sus planes de restauración no han sido validados por las administraciones públicas competentes, la única salida que les queda a los areneros es depositar las fianzas impuestas en su día, que entre los tres totalizan 168 millones de euros, ante la amenaza de que se dicte sobre ellos entrada en prisión, aunque alguno apuntó al amparo del Tribunal Constitucional.
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