El Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha obligado al Ayuntamiento de Tacoronte a reasignar a un trabajador al puesto en el que se desempeñó durante 25 años. Se trata del responsable del servicio de informática, que ha ganado todos los juicios contra el Consistorio por movilidad funcional.
Su caso fue el que dio origen a las movilizaciones del personal laboral y funcionario, que exigen desde hace varios meses un cambio en la política de recursos humanos ante la negativa del alcalde, Álvaro Dávila, a sentarse con ellos a negociar, y al “constante menosprecio” a sus iniciativas y “la mala fe negociadora” del concejal del área, Domingo Castillo, cuyo cargo es incompatible con diferentes procesos en los que antes de ser nombrado en el cargo había participado como abogado del Consistorio.
La sentencia, a la que no cabe recurso, obliga a la Administración a readmitirlo en su puesto. “Esperamos que el grupo de gobierno (CC) la acate y que inmediatamente este compañero pueda empezar a trabajar, que cesen las hostilidades hacia su persona y no haya ninguna actuación nueva que lo perjudique”, subraya la presidenta del comité de empresa, Juana María Artiles, quien considera que la sentencia “le vuelve a dar la razón a los trabajadores sobre la mala política de personal que tiene el Ayuntamiento”.
Artiles asegura que este hecho no es una victoria, sino una batalla más. Entre otros motivos, porque la estrategia del concejal “es no dar ni aire”. En cualquier caso, es la cuarta vez que la Justicia le da la razón a este empleado y desde el comité entienden que “cualquier actuación que realice Castillo o el alcalde con respecto a él, tendrá que ir a otra vía, porque está claro que en la de lo Social la respuesta ha sido contundente”.
El personal municipal continuará con las movilizaciones hasta que se logre destrabar el conflicto. Pero tiene claro que Domingo Castillo no es un interlocutor válido y el hecho de que Álvaro Dávila lo mantenga en su puesto “indica que no tiene ninguna intención de reconducir la situación”, apunta Artiles.
En caso de que ésta se prolongue y que el Gobierno local continúe con su postura de “echar abajo” el convenio colectivo de los laborales, la plantilla acudirá los juzgados “para evitar que se lleve a una nulidad o anulabiidad por informes jurídicos externos, pagados con dinero público”, advierte la representante sindical.
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