La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias Cristina Valido, y el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, firmaron ayer un protocolo para el reparto de fondos entre los 88 municipios canarios para el mantenimiento y mejora de los centros y servicios de día, así como para los equipos municipales de prevención al riesgo en la infancia, por un importe de 5.134.870 euros.
Cristina Valido manifestó durante el acto que los equipos municipales o territoriales de riesgo “son un recurso básico tanto para la infancia como para sus familias, es el primer nivel de prevención, en el que los trabajadores sociales detectan si se están cumpliendo los derechos de los niños y niñas en su entorno, sus carencias, o si se cubren o no sus necesidades básicas”. Una vez detectado el riesgo, continuó la consejera, “se trabaja con las familias y se buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías”.
La ley de protección integral del menor considera que un menor “se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia”. Corresponde a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.
Como herramienta preventiva, “se establecen en torno a la familia programas de apoyo, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral”. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.
A través de estos equipos multidisciplinares, los ayuntamientos deben velar por “el respeto y la garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar”.
Mediante el convenio se distribuyen los fondos según los criterios y ratios impuestos desde la planificación autonómica en desarrollo de sus competencias, definidas en el Plan Integral del Menor en Canarias, con una aportación mínima por parte de los ayuntamientos del 33% del coste total del proyecto, a la contratación de determinados perfiles profesionales o titulaciones de psicólogos, trabajadores sociales y educadores, por el importe máximo. Se valora que el 5% del presupuesto municipal este destinado a Servicios Sociales y se puntúa continuidad del programa en años anteriores. La financiación de los centros y servicios de día está basada en una orden, del 5 de junio de 2007, en la que se fija un módulo económico en función del número de menores atendidos con un mínimo de 20 plazas y el número y perfil de los profesionales contratados.
En abril, Unicef Canarias urgió al Ejecutivo regional a elaborar un II Plan de Infancia y Familia, ante el informe que ha efectuado sobre el riesgo de pobreza y exclusión social de la población infantil, que sitúa al Archipiélago a la cabeza de España: afecta a 149.000 niños y adolescentes. El presidente de la ONG, Amós García Rojas, resaltó entonces que “la infancia ha de formar parte de manera rigurosa de la agenda política”.
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