SOCIEDAD

Más de 8.600 canarios, a la espera de la evaluación de discapacidad

La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno regional explica que el pasado año se registraron un total de 20.900 peticiones y se resolvieron casi 19.000 solicitudes

En muchos lugares se han efectuado obras, pero la lista de trabajos pendiente sigue siendo muy significativa. ANDRÉS GUTIÉRREZ

Un total de 8.608 personas en Canarias están a la espera de que se le realice el informe de evaluación de discapacidad por parte del Gobierno de Canarias, de los cuales 4.852 corresponden a la provincia tinerfeña, mientras que 3.756 son residentes en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo adelantó a DIARIO DE AVISOS la directora general de Dependencia y Discapacidad del Ejecutivo isleño, María del Carmen Marrero.

Además, la responsable regional añadió que en estos momentos en el Archipiélago un total de 111.913 personas tiene reconocido el grado d discapacidad por parte de la comunidad autónoma, lo que supone aproximadamente el 5% de la población censada en la Comunidad Autónoma. De esta cifra, la mayor parte, 65.952 son mujeres, frente a 55.961 hombres.

En cuanto a las ciudadanos que se encuentran en la actualidad pendiente de que se realice el informe de grado de discapacidad por parte de los recursos regionales, la directora general puntualizó que en la provincia occidental la cifra es mayor debido a que en torno a unos 1.200 solicitantes han presentado una documentación incompleta, lo que demora todo el proceso.

“Hay muchos casos de procesos que han caducado, otros que se les demanda más información y no acuden a la cita o algunos a los que se le ha desestimado y recurren”, explicó Marrero, para aclarar que restando todas estas situaciones, la cifra real de personas pendiente de la evaluación es inferior a los mencionados 8.600. Del mismo modo, indicó que en 2017 en las dos provincias solicitaron reconocimiento 20.904 personas y se resolvieron casi 19.000 solicitudes. Este año se han presentado, así, 7.456 peticiones y ya se han resuelto 9.163, correspondientes no solo a las demandas de 2018, sino también a las que han quedado pendiente de otros años.

La responsable regional destacó el trabajo del departamento y puntualizó que “solo este mes ya hay citadas a más de 500 personas” para aportar la información correspondiente a la evaluación de discapacidad. Aunque a otros departamentos de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda se incorporó personal durante el pasado año, a través de un plan de choque, la complejidad de la realización de los informes de discapacidad impidieron que la plantilla pudiese incrementarse.

Desde que se pide el reconocimiento oficial de discapacidad, hasta que se otorga, pasando por todas las evaluaciones pertinentes, la media de demora gira en torno a un año, según los datos de la Consejería. No obstante, la directora regional puntualizó que hay excepciones en las que se da prioridad y el tiempo de resolución está en unos tres meses. Los menores de edad y enfermos graves o crónicos son algunos de los perfiles prioritarios.

Fraude Tarjetas

Ante la detección por parte de los cuerpos de policía de varios municipios de tarjetas de acreditación de discapacidad que resultaban ser falsas, la Dirección general está trabajando en buscar otras fórmulas de acreditación para evitar este tipo de fraudes, puntualizó María del Carmen Marrero. Asimismo, adelantó que entre las opciones que se han puesto sobre la mesa, como posible propuesta, se encuentra algún tipo de tarjeta electrónica.