La moción que IU, Sí se puede y PSOE presentaron al Pleno celebrado ayer para que se garantizara el derecho a la vivienda en Santa Cruz sirvió para conocer que el Ayuntamiento ya trabaja en la adquisición, este mismo año y por la vía de urgencia, de 20 viviendas para atender situaciones de exclusión habitacional. Se trataría de promociones pertenecientes a entidades bancarias, que estén a medio terminar, de forma que el Consistorio las adquiere, las termina y las pone en el mercado para alquiler social. Así lo adelantó el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien detalló que esta compra es la primera fase de un programa más ambicioso. Además, el Consistorio acometerá anualmente la adquisición de inmuebles, mediante licitaciones programadas, con el fin de poner en el mercado viviendas de precio tasado.
Aunque el alcalde no detalló qué entidades bancarias son las que están negociando esta fórmula, sí avanzó que muchas de las promociones se encuentran en el distrito Suroeste y que la cantidad final de pisos que se pueden llegar a adquirir mediante esta fórmula está entre los 70 y 90, que son, al parecer, los que algunas entidades bancarias tienen sin terminar o vacíos en la capital.
Bermúdez respondía así a las críticas recibidas por parte de la oposición y del turno de participación ciudadana, en el que intervino la joven madre de Ofra Tamara González, que ocupa un piso de Bankia y será desahuciada el próximo 3 de julio. El alcalde detalló que “sí que hacemos cosas y en el caso de Tamara volveremos a escribir a Bankia para que paralice el desahucio, pero también vamos a buscar una alternativa y la vamos a encontrar”.
Bermúdez insistió en que “la gente tiene que saber que el Ayuntamiento está dispuesto a comprar todas las promociones de bancos que estén a medio terminar para destinarlas a protección social, pero lo vamos a hacer bien”. Hacía referencia así a la intención de los proponentes de que se aprobara con la moción que el Ayuntamiento ejecutaría subsidiariamente las obras no terminadas o a falta de una cédula de habitabilidad para así agilizar la disposición de viviendas. Un proceso que, según Bermúdez, “no tiene garantías legales y, desde luego, no vamos a hacer el trabajo que tienen que hacer los bancos sin tener claro que la propiedad de esas viviendas va a ser, al final, municipal”. A lo que se comprometió el Consistorio es a llevar a cabo las actuaciones precisas para que aquellas viviendas ya finalizadas, y sobre las que las personas jurídicas propietarias de inmuebles sin habitar no hayan realizado los trámites oportunos para certificar su acabado, obtengan licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad. El edil de Urbanismo, Carlos Tarife, añadió que, en todo caso, lo que se puede hacer en esta situación es abrir un expediente de disciplina urbanística.
El programa de compra de viviendas anunciado permitirá que, una vez terminadas mediante unas obras que se sacarán a concurso, el IMAS las adjudique rápidamente con un sistema de baremación que permita conocer qué familias son las más necesitadas.
Finalmente, la moción presentada por los tres partidos de izquierda del Pleno salió adelante por unanimidad. Así, se aprobó revisar el Protocolo Antidesahucios de 2012, en el sentido de ampliar su contenido para atender nuevas situaciones de exclusión habitacional, condicionada a la supervisión que realizan los servicios jurídicos municipales. Además, se insta a los grupos del Parlamento de Canarias, así como al Gobierno regional, a la revisión de la Ley de Viviendas, con el fin de reducir la exclusión habitacional, mediante la regulación de la vivienda deshabitada de titularidad de personas jurídicas, especialmente, los bancos y sus empresas filiales.
Se exige al Gobierno de Canarias, del mismo modo, que incremente las partidas presupuestarias destinadas al alquiler social y mejore la eficacia en su gestión. Por último, se solicita al Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, que aporte las dotaciones presupuestarias necesarias para el desarrollo del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que incorpora programas y ayudas orientadas a la satisfacción de la necesidad de vivienda de jóvenes y otros colectivos prioritarios.
En precario
La concejal de Vivienda, Carmen Delia Alberto, detalló las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para evitar los desahucios en precario (pisos ocupados) y por el impago de alquileres desde que se aprobara el Protocolo Antidesahucios. “Desde 2015 hemos intervenido en 54 casos que no son ejecuciones hipotecarias”, señaló la edil. Así en 2015 fueron 9 casos; en 2016 sumaron 16, otros 19 el año pasado y este año ya van 8.
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