la laguna

Unid@s se puede y XTF-NC se querellarán contra José Alberto Díaz por prevaricación

La Secretaría General del Pleno municipal de La Laguna avala la tesis de la oposición sobre el personal eventual de los grupos

Santiago Pérez (izq.) y Rubens Ascanio, ayer en rueda de prensa. Sergio Méndez
Santiago Pérez (izq.) y Rubens Ascanio, en rueda de prensa. Sergio Méndez

Los grupos municipales laguneros de Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) anunciaron ayer su intención de querellarse contra el alcalde de la Ciudad de los Adelantados, José Alberto Díaz (CC), por presunta prevaricación y violación de derechos fundamentales, después de que la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento les diera la razón sobre las normas aplicables al personal eventual de los distintos grupos municipales. En concreto, Ana Merino avala la tesis defendida por Unid@s se puede y XTF-NC desde el inicio del mandato actual: la Ley de Bases de Régimen Local vigente en nuestro país prohíbe literal y taxativamente dedicar las asignaciones de los grupos políticos al pago de remuneraciones de personal; así como que no hay obstáculo legal alguno que impida adscribir personal eventual a los grupos de la oposición.

Fueron los portavoces de ambas formaciones, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, respectivamente, quienes recordaron ayer que José Alberto Díaz se sirvió a principios de mandato de un informe “sesgado, encargado verbalmente a una funcionaria de los servicios jurídicos, para imponer su decisión de monopolizar todo el personal eventual, despojando a los grupos de la oposición del derecho que les reconoce la legislación”.

Ahora, la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna confirma que, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Bases y el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) “no existe impedimento legal para adscribir personal eventual a los grupos políticos”.

En consecuencia, Ascanio y Pérez anunciaron ayer que estudian presentar una querella contra el alcalde “por prevaricación ante su decisión de acaparar todo el personal eventual para el Gobierno, y por la violación del derecho fundamental a la participación en condiciones de igualdad de los cargos públicos establecido en las leyes”.

Para Ascanio, con el informe de la Secretaría General del Pleno “queda en evidencia una alcaldada que hemos sufrido desde el minuto uno, que nos colocaba como el único municipio de similar población de Canarias en el que los grupos de la oposición no podían disponer de personal de apoyo para el desempeño de sus funciones, algo que no ocurría en La Laguna al menos desde 1999”. El portavoz de Unid@s se puede considera que esta acción “es un ejemplo más del mal uso que desde Coalición Canaria y sus socios del PSOE se está haciendo de nuestro Ayuntamiento, con el único objetivo de copar el máximo de recursos públicos para desarrollar una acción política muy cuestionada y dificultar al máximo las tareas de la oposición”.

Respecto a la querella, Rubens Ascanio explicó que su grupo ha trasladado la documentación sobre esta cuestión a sus servicios jurídicos, de cara a “evaluar más acciones que se puedan desarrollar”, aunque señala que en el pleno municipal del próximo jueves “abordaremos la moción que justificó este informe de la secretaria municipal, para que se cumpla la legalidad en este y en otros aspectos vinculados con el funcionamiento municipal, que esperamos que salga con el apoyo de la mayoría de los grupos”. Por su parte, Santiago Pérez finalizó indicando que lo sucedido “es de gran gravedad, en tanto que los concejales y grupos del Gobierno municipal han monopolizado desde el inicio de este mandato la totalidad del personal eventual del Ayuntamiento, respondiendo la Corporación a todos los efectos” de toda responsabilidad derivada.

Santiago Pérez: “Querían obligarnos a violar la legalidad”

El portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró ayer que la actuación del alcalde, José Alberto Díaz (CC), en relación al personal eventual de los grupos municipales tenía como objetivo “quedarse con todo el personal eventual, por lo que impusieron a los concejales y grupos políticos de la oposición un doble régimen jurídico ilegal y discriminatorio”. Para el que fuera senador, el mandatario coalicionero “quería obligar a los grupos y concejales de la oposición a violar la legalidad y a asumir la responsabilidad jurídica y patrimonial por la contratación del personal de apoyo y asesoramiento que necesitan para el ejercicio de su cargo representativo”. Para que así fuera, el informe encargado por la Alcaldía sostenía que los ediles de la oposición responderían “solidariamente respecto a todos los aspectos derivados de la contratación de dicho personal eventual”.