El Cabildo de Tenerife fue el primero en elevar el tono ante la posible demolición de tres nuevos inmuebles históricos en Miraflores, entre ellos la conocida como Casa Clavijo, de reconocidos valores patrimoniales por distintos colectivos y expertos, aunque para el Cicop ya no los mantenga. Al área insular de Patrimonio Histórico se han sumado los grupos de la oposición, como el de Sí se puede, que advierte a la Corporación local de la comisión de posible delito si se concedieran las licencias de demolición. También la Asociación Nuestro Patrimonio ha exigido que se abra un diálogo entre administraciones y promotores para salvar las fachadas de estos inmuebles.
Ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, quiso rebajar la tensión y abrió la puerta a esta negociación. “Hay tiempo para llegar, por un lado, al Cabildo, y, por otro, a los promotores, no para mantener los edificios, porque hay unos derechos urbanísticos, pero sí para mantener una fachada, llegar a acuerdos que permitan salvar algunos de los elementos patrimoniales que se considere con valor”.
En cuanto a las mujeres que ejercen la prostitución en esos edificios, señaló el regidor que, “si se diera el caso, para las que no tengan recursos económicos buscaríamos la ayuda necesaria. Ya lo estamos haciendo siempre que lo solicitan y lo extenderíamos a las personas que quieran o que se vean afectadas por derribo o rehabilitación, ya que en ninguno de los dos casos podrían estar allí”.
Para la Asociación Nuestro Patrimonio, es urgente que el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo hagan todos los esfuerzos y las gestiones necesarias para que “las fachadas valiosas desde la perspectiva del patrimonio histórico puedan quedar integradas en el nuevo proyecto de manzana previsto en Miraflores, de modo que sigan formando parte de nuestra historia y paisaje urbano”.
“Tal proceso debe hacerse -continuó la asociación- congeniando los valores patrimoniales y las soluciones técnicas, con los derechos de la propiedad privada y la necesaria modernización del barrio”.
El PSOE se sumó a esta petición y recordó que Miraflores necesita una actuación integral, no solo rehabilitando edificios, sino también ayudando a las mujeres prostituidas a salir de esa situación.
Mientras, desde Sí se puede, su portavoz, el concejal Pedro Fernández Arcila, advirtió ayer por carta, tanto al alcalde como al edil de Urbanismo, Carlos Tarife, como a la de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, que autorizar la demolición de edificios que tienen valor patrimonial, algo que les concede el Cabildo, está tipificado como un delito contra el patrimonio penado hasta con tres años de cárcel.
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