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El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue las listas de espera de Canarias

El Defensor del Paciente ha hecho esta solicitud a raíz de que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias cuestionara la reducción de las listas de espera que la Consejería ha dado a conocer
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, a las puertas del Congreso. Europa Press
Imagen de archivo de Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. | EP
Imagen de archivo de Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. | EP

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha enviado una carta al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, en la que le solicita que abra una investigación acerca de las listas de espera anunciadas recientemente por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El Defensor del Paciente hace esta petición a raíz de que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias cuestionara la reducción de las listas de espera que la Consejería ha dado a conocer y denuncie que la Administración elimina a pacientes del sistema informático para obtener mejores resultados en los cortes informativos.

En su misiva, el Defensor del Paciente pide al fiscal jefe de Canarias que intervenga de forma “inmediata” porque entiende que los datos dados a conocer son “un delito contra la salud y pone en peligro la vida de las personas a las que no les dan cita hasta 2021, algo que, desconociendo la gravedad de la patología, pone en riesgo la vida de las personas y, en otros casos, la oportunidad de sanar o mejorar”.

Según señala Carmen Flores en su escrito, “los límites hay que ponerlos Sr. Fiscal porque no hay respeto para la ciudadanía y su derecho a la atención sanitaria, su inutilidad y ganas de gestionar políticamente son un grave riesgo para los ciudadanos; su vida, su salud, su familia, su trabajo ahora mismo están en riesgo”.

Por todo ello, ruega al fiscal jefe de Canarias que abra una investigación e intervenga en un tema “tan delicado como grave, malo para los pacientes, malo para los profesionales”. “Nuestra solicitud, como siempre, está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a que los que, por su cargo, profesión u oficio, tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal”, concluye la carta.

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