La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover, ha citado para hoy lunes a declarar en calidad de investigada a la exinterventora del Ayuntamiento de Tacoronte, Hortensia García López de Vergara, y a la exsecretaria municipal, María del Carmen Campos Colina, según una providencia a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. La juez investiga presuntas contrataciones ilegales, sobresueldos irregulares y 194 reparos levantados en 2012 por el alcalde nacionalista, Álvaro Dávila, que ya declaró en calidad de investigado en mayo de 2016.
En primera instancia, la exsecretaria y la exinterventora iban a declarar como testigos, pero la jueza ha decidido que lo hagan como investigadas, porque podrían ser consideradas cómplices o coautoras del delito, porque sus funciones, entre otras, eran velar porque se cumpliera la legalidad.
El caso comienza a raíz de una primera querella presentada por el PP, con su portavoz Teresa Barroso a la cabeza, y otra posterior de la interventora municipal, que, tras poner en conocimiento de la Fiscalía los presuntos hechos delictivos, abandonó Tenerife. Dávila no hizo caso de las constantes advertencias de la funcionaria encargada de fiscalizar su gestión y levantó los reparos sin dar cuenta al Pleno.
En su momento, el regidor nacionalista justificó su actuación por la necesidad de “no dejar a los vecinos sin servicios básicos”. Ambas querellas han sido unificadas por la juez en un único procedimiento. Hay que recordar en este punto que el PP accedió al gobierno municipal tras una moción de censura al nacionalista, Álvaro Dávila, que hacía a Rodolfo León, en ese momento en el PSOE, alcalde. Dávila recurrió dicha censura ante los tribunales, que le dieron la razón en ese momento para recuperar el bastón de mando. Sin embargo, el poco tiempo que estuvo la portavoz del PP gestionando el área de Hacienda le permitió detectar estas presuntas ilegalidades. Esta querella se presentó en diciembre de 2013, poco después de que Dávila recuperara la Alcaldía.
Entre las presuntas ilegalidades cometidas figura el pago de sobresueldos sin justificar a determinados cargos de la máxima confianza del alcalde, como la secretaria municipal, que hoy declara como investigada, o el jefe de la Policía Local. También se consideran indicios de delito una serie de contrataciones realizadas presuntamente al margen de la legalidad vigente a determinadas empresas, las cuales mantienen una vinculación familiar directa con CC, tal y como se recoge en la querella presentada por la acusación popular, el grupo del PP.
Álvaro Dávila ha insistido en varias entrevistas que, si finalmente esta causa se archiva, presentará una querella contra Teresa Barroso por presunta denuncia falsa. Además, el nacionalista ha expresado que tiene “la conciencia tranquila” y que no teme que se “investigue su patrimonio”, tal y como aseguró en 2014 a la prensa local.
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