El portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Pedro Fernández Arcila, califica de “lamentable y muy deficiente” la política de vivienda desarrollada por el equipo de gobierno de CC-PP en la capital tinerfeña. Como botón de muestra, señala la paralización del nuevo protocolo antidesahucios acordado en el pleno del pasado mes de junio, mientras los desahucios por precario se multiplican en el municipio.
El portavoz de Sí se puede recuerda que el Pleno decidió en junio ampliar este protocolo a la vista de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige precisamente este tipo de compromisos con el fin paralizar los desahucios. Ante esta nueva situación, Bermúdez y su equipo de gobierno se comprometieron a dar una respuesta adecuada y lo más inmediata posible a los casos de vulnerabilidad que se detectaran en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas, que exigen actuaciones previas y coordinadas de las administraciones competentes.
Sin embargo, Arcila denuncia que este nuevo protocolo antidesahucios no ha sido aún elaborado y, por tanto, ni tan siquiera se ha informado a las entidades bancarias o sus empresas buitres para que lo cumplan. Tampoco hay coordinación entre las administraciones para garantizar alternativas habitacionales en los juzgados. Así, “las familias en situación de riesgo social y que se encuentren ante la amenaza de un desahucio en precario tendrán que soportar en solitario esta difícil situación”, subraya el concejal.
Arcila recuerda que, “como consecuencia de la ausencia de políticas públicas de las administraciones canarias en general, y en particular del Ayuntamiento de Santa Cruz, en materia de vivienda, las familias que pudieran ser beneficiarias de un sistema público de apoyo se ven obligadas a acudir al mercado privado, al que en muchas ocasiones no pueden hacer frente, o, directamente, optan por el modelo de la ocupación de viviendas”.
“Desafección”
El portavoz llama la atención sobre que “esta desafección de las administraciones públicas canarias para promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda, según establece el artículo 47 de la Constitución, ocurre en una comunidad autónoma donde el 30,5% de la población se encuentra bajo el umbral de riesgo de pobreza, según un informe reciente del INE, y con otros indicadores sociales que nos sitúan en la cola del Estado en derechos sociales. Esta situación está provocando la exclusión habitacional por desahucios con lanzamientos urgentes”.
Arcila se refiere al informe del Diputado del Común correspondiente a 2017, en el que se advierte del “especial protagonismo” de quejas ciudadanas que le pedían “intermediación y mediación en situaciones de desahucios con fechas de lanzamiento inminente, ante un posible desalojo sin alternativa habitacional”, por lo que califica el problema de “gravísima dimensión y de difícil solución, a pesar de la activación de los protocolos de emergencia” y otras medidas preventivas para “evitar que familias queden en exclusión”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas