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El PP reclama al Cabildo que acabe con el intrusismo en el sector del taxi en el Sur

El consejero Manuel Fernández insta a cumplir el acuerdo plenario para apoyar a los taxistas del Sur de la Isla
Manuel Fernández, reunido en Arona con taxistas y concejales del PP del Sur de la Isla /DA

Manuel Fernández, consejero del Grupo Popular en el Cabildo, reclama al Gobierno insular (CC-PSOE) que cumpla sus compromisos institucionales y ponga en marcha el acuerdo plenario para la lucha contra el intrusismo en el sector del taxi, acuerdo que contempla además la creación del Observatorio Insular de Transporte de Viajeros y que se adoptó hace ya tres años.

Fernández recordó que estos son los instrumentos para luchar contra el intrusismo en el sector del taxi que avaló, a iniciativa suya en octubre de 2015, el pleno de la Corporación, y lamentó que el grupo de gobierno haya sido incapaz de gestionar su puesta en funcionamiento a fecha de hoy. “Como consecuencia de ello, el fenómeno se ha agravado y los taxistas de la isla en general y los del sur en particular, llevan años soportando una competencia desleal que en la actualidad ya se ha profesionalizado, con auténticas redes bien montadas que manejan una flota importante de coches”, dijo.

Según Manuel Fernández, estas redes realizan una actividad a todas luces ilegal con total impunidad y, según los profesionales del sector, “ya es normal la presencia de furgonetas y vehículos particulares para turistas de diferentes nacionalidades que les esperan en diferentes zonas de nuestra isla, especialmente en puertos y aeropuertos, para recogerlos y llevarlos a sus destinos”.

Después de reunirse con representantes de los taxistas de Arona, San Miguel de Abona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, además de los concejales del PP en dichos ayuntamientos, Manuel Fernández manifestó que el principal problema que el sector pone sobre la mesa es que “no se tiene constancia de las condiciones de seguridad con que se efectúan estos servicios ilegales, si están asegurados o no, o si han pasado el mantenimiento preventivo que es rutinario para los coches que efectúan legalmente la actividad de transporte público”.
“Es evidente por tanto”, añadió Fernández, “que además de estar ante una actividad absolutamente ilegal que afecta económicamente a los taxistas que han hecho una inversión y cumplen con sus impuestos, nos encontramos ante un claro factor de riesgo para los turistas y que, sin saberlo, están utilizando unos servicios que carecen de cualquier control”.

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