La portavoz antidesahucios Inma Evora instó hoy al Gobierno de Canarias a que actúe de una vez para poner freno al posible desalojo masivo de 358 viviendas en Añaza. Para Evora, el Ejecutivo regional no solo ha descuidado sus obligaciones con lis inquilinos de estas viviendas protegidas al no velar por el cumplimiento de las condiciones legales que rigen estas VPO (visados de nuevos contratos, supervisión de precios del alquiler, etc), sino que ahora tiene que actuar para hacer velar sus derechos frente a la anunciada ventas de estos inmuebles a un fondo buitre llamado Cerberus.
La activista, que realizó estas declaraciones minutos antes de presentar una denuncia por estos hechoa ante la Fiscalía, recordó que se sigue sin tener conocimiento oficial de si la venta ha sido llevada o no cabo, pero que en todo caso sería irregular dado que no ha contado con el beneplácito del Gobierno de Canarias, que cuenta con un derecho de tanteo preferencial. Además, Évora planteó sus dudas sobre el plazo de 15 años que tiene ese derecho de tanteo, ya que el régimen general -dijo- es de al menos 30 años. Como quiera que las viviendas se edificaron en 2006, el plazo de 15 años acaba en 2021.
Otro de los motivos que impulsan la denuncia que nos ocupa son, como igualmente recordó la portavoz antidesahucios, son los que entiende como otras irregularidades en la gestión de los pisos, como serían la exigencia de hasta seis meses de fianza. Incluso, Évora acusó al Santander de no frenar los desahucios actuales pese a que extraoficialmente asegura que no tendrán lugar, así como de provocar los impagos con la renovación deboos alquileres, ya que ello a su vez impide que los vecinos accedan a las ayudas para satisfacer los mismos.
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