La amenaza de retirar fondos y la presión mediática fuerzan al Banco Santander a negociar los desahucios

La amenaza por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo de retirar un total de 29 millones de euros que ambas administraciones públicas tienen depositadas en las cuentas del Grupo Santander (en total allí guardan ambas instituciones unos 42,5 millones) ha forzado a la entidad financiera a responder, al fin, a los escritos que le enviaron hace una semana el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el presidente de la Corporación Insular, Carlos Alonso, para interesarse sobre el posible desahucio colectivo de hasta 358 familias que viven en unas viviendas sociales existentes en el barrio capitalino de Añaza.

La respuesta del banco, que abre la puerta a una negociación que se iniciará el próximo viernes (según detallaron fuentes municipales), se produce tras una semana sin noticias de la entidad, y llegó en forma de un burofax, también enviado al Instituto Canario de Vivienda, organismo que a su vez analiza las posibles irregularidades cometidas en la administración de estos contratos, y que podrían ser la base para la apertura de un expediente sancionador.

El burofax en cuestión, que obra en poder de DIARIO DE AVISOS, desvela que, de momento, las viviendas en cuestión no han sido vendidas a un fondo buitre llamado Cerberus, en el marco de una macrooperación del banco para traspasar la propiedad de unos 35.700 inmuebles repartidos por todo el país. En su segundo punto se recuerda la renovación de un convenio con el Ayuntamiento para destinar al alquiler social 66 de las citadas 358 viviendas de Añaza. En cuanto a los demás pisos, la entidad asegura lo siguiente: “Para el resto de viviendas fuera del régimen de alquiler social, la sociedad Luri 6 [firma del Grupo Santander que detenta la propiedad de estos edificios en Añaza] no va a proceder a ningún lanzamiento de inquilinos en situación de vulnerabilidad, aun cuando pueda haber impagos de renta”.

se aplazó uno

A pesar de estas palabras aparentemente tranquilizadoras, lo cierto es que ayer se aplazó in extremis el desahucio de Valeria y su hijo menor de edad, residentes en la parcela I-7 de estos edificios. Fue el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife el que demoró el lanzamiento (término jurídico con el que se define la devolución de la posesión de un inmueble a su propietario), fijando una nueva fecha para otra vista, en actuación impulsada a primera hora de la mañana desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
En caso de que el Grupo Santander tenga realmente la voluntad de no desalojar a más familias de sus hogares, se trataría de un cambio radical en su modo de actuar, pues solo en el período transcurrido desde el viernes pasado al día de ayer son tres los desalojos aplazados en virtud de un protocolo municipal aprobado en 2012 para evitar este tipo de dramas sociales.

Abierta al fin la vía del diálogo, llama la atención el hecho de que el Santander insinúe que será el anfitrión de la primera cita: “Estamos a su disposición en nuestras oficinas para mantener una reunión cuando así lo estimen conveniente”, reza el burofax. En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo tienen claro: será mañana viernes en la Casa de los Dragos, principal sede municipal.

Alivio entre los concentrados en el barrio para apoyar a Valeria

Los vecinos y activistas que se concentraron ayer en Añaza para apoyar a Valeria, una madre que iba a ser desahuciada a media mañana en lanzamiento finalmente aplazado por un juzgado a instancias del Ayuntamiento de Santa Cruz, recibieron con la natural alegría tanto el hecho de que estos afectados conservarán por ahora su hogar como el anuncio posterior de la esperada respuesta oficial por parte del Grupo Santander. Eso sí, dicha alegría fue moderada, dado que siguen desconfiando de las promesas de la entidad, escarmentados como están por el trato recibido, que incluye, en testimonios recabados por este periódico, desde llamadas insistentes para que se preparen para un desalojo inminente a negativas para renovar sus alquileres, lo que, de facto, les conduce al impago al no poder pedir ayudas sociales para su abono.