El Cabildo de Tenerife demandará al Ayuntamiento de La Laguna, ambas instituciones presididas por Coalición Canaria (CC), tras el impago de casi cuatro millones de euros (3.817.192,95 euros) por la prestación del servicio urbano de guaguas de Titsa en el municipio, que no ha sido totalmente abonado en los años 2014, 2016, 2017 y 2018. El nuevo escándalo en el municipio prototipo de gestión judicializada salta a la luz con el agravante de que el servicio de transporte público se ha mantenido en la última década de modo irregular, sin contrato por medio.
Esta decisión se adoptó ayer en el Consejo de Administración de la empresa de transportes del Cabildo, en el que también se acordó que sean los servicios jurídicos de la primera corporación insular los que defiendan los intereses de la sociedad pública. En dicha reunión se presentó un informe realizado por un auditor de Titsa al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, donde se especifican las cantidades pendientes de cobro: 283.475,49 de euros en 2014; 1.245.305,74 en 2016; 1.250.423,42 en 2017 y 1.037.988 (de enero a octubre) de 2018.
En el citado informe se asegura que hasta 2009 “se ha prestado el servicio urbano de guaguas al amparo de un contrato de gestión del servicio de transporte de viajeros en régimen de concesión administrativa y a partir del año 2009, una vez vencida la concesión, el servicio se ha seguido prestando por Titsa bajo las mismas condiciones, con la autorización del Ayuntamiento lagunero, pero sin el amparo de un contrato o acuerdo firmado entre las partes”. Es decir, el servicio se ha venido prestando durante casi 10 años, supuestamente, de manera irregular. Según fuentes consultadas por este periódico, el interventor del Ayuntamiento de La Laguna incide en este extremo, para reparar el pago del Consistorio a la compañía.
Otro de los puntos destacados del citado informe remarca que si “el resultado final del ejercicio 2018 fuera de pérdidas, se estaría en una situación de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, lo cual conllevará la elaboración de un plan de saneamiento para corregir el desequilibro, entendiendo como tal que la entidad elimine pérdidas o aporte beneficios en el plazo de tres años”. En el mismo informe se especifica que la probabilidad de que la reclamación contra el Ayuntamiento prospere es muy alta, por lo que no creen que este escenario de racionalización del gasto se produzca, aunque haya que dejar una provisión para cubrir los casi cuatro millones de euros de deuda.
Unid@s alerta de que la mala gestión pone en riesgo el servicio de guaguas
María José Roca, concejala de Unid@s se puede en La Laguna, afirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que la “irresponsabilidad de los gestores municipales ha colocado al municipio en un grave problema, debido al impago de 3.817.192,95 euros a Transportes Interurbanos de Tenerife SA, por el servicio de guaguas urbanas entre 2014 y la actualidad”. “Una vez más tenemos una realidad de una institución morosa que no responde a las demandas que hacen sus proveedores, aunque a una escala que puede poner en riesgo la prestación de este servicio público fundamental”, manifestó la concejala. Roca consideró que el informe que acompaña a los asuntos que se abordaron en el Consejo de Administración es demoledor, al reconocer que Titsa lleva nueve años ofreciendo el servicio “sin el amparo de un contrato o acuerdo firmado entre las partes”, y donde se indica, además, que “desde enero de 2014 han empezado a producirse retrasos e impagos de las cantidades facturadas”.
El principal grupo de la oposición lagunera aseguró que estudiará estos informes “con atención” y que los va a remitir a sus servicios jurídicos, ante lo que considera “una gestión irresponsable, que puede implicar graves consecuencias para los miles de vecinos y vecinas que cada día usan los servicios de guaguas urbanas”.
Roca aseveró que alguien “debería dar explicaciones por casi una década de servicio público en situación irregular, y muy especialmente el alcalde José Alberto Díaz, exconcejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, y Jonathan Domínguez (actual responsable del área), por su papel en este impago de 3,8 millones de euros”. “Con esta morosidad reiterada se entiende la negativa de Titsa a asumir nuevos servicios y trayectos que ya hemos planteado en diversas sesiones plenarias”, explicó Roca.
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