El PSOE de Santa Cruz, con su candidata a la Alcaldía a la cabeza, Patricia Hernández, analizó ayer los pormenores del acuerdo firmado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, con Cepsa para la salida de la Refinería de la ciudad. Hernández, acompañada por el portavoz socialista, José Ángel Martín, fue clara: “Este acuerdo le cuesta a la ciudad unas 300 viviendas de protección oficial y 50 millones de euros en aprovechamientos urbanísticos que no se van a recibir, un dinero con el que se podría construir 1.200 viviendas públicas en la ciudad”. En total, la valoración que hacen los socialistas alcanzaría los 75 millones a favor de Cepsa.
Y es que, según explicó la candidata socialista a la Alcaldía, el uso del término “regeneración urbana” en el citado acuerdo invita a pensar que se habla de suelo urbano consolidado y no lo que fija una sentencia del Tribunal Supremo de 2012, cuando se falló que es urbano no consolidado, tal y como solicitaba el propio Ayuntamiento. “De todo el suelo edificable en esa zona, la Ley del Suelo establece que si el espacio es urbano consolidado se ha de reservar el 10% para vivienda pública y si es no consolidado esa reserva sube al 30%”. Ese 20% que se pierde equivale a las 300 viviendas de las que habla el PSOE. Es por eso que, afirmó Hernández, “hemos llevado este acuerdo al juzgado, porque estamos convencidos de que está mal hecho”. La también diputada confirmó la presentación del contencioso, así como que se ha admitido a trámite y comunicado al Consistorio.
cálculos
Los socialistas detallan que, según la Ley del Suelo, en el suelo urbano no consolidado el Ayuntamiento recibe el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, unos 60.000 metros cuadrados, y ese 30% de reserva para promoción de vivienda pública. Sin embargo, bajo la consideración de suelo urbano consolidado, la del acuerdo, según Hernández, no se reciben aprovechamientos y la reserva para vivienda pública pasa del 30% al 10%. Hernández detalló que, “con la tasación que se ha realizado para el hotel de Cabo Llanos, estos 60.000 metros cuadrados que corresponderían al Ayuntamiento de aprovechamientos urbanísticos (10%) alcanzarían un valor de 50 millones, a los que se sumarían otros 25 que supondrían la construcción de viviendas protegida. En conjunto son 75 millones que se perderían”. Según los socialistas, esta pérdida no solo resulta lesiva para el interés público, sino que va en contra del criterio del propio Ayuntamiento, que ya pleiteó con Cepsa hasta que en 2012 el TS reconoció los terrenos de la refinería como suelo urbano no consolidado.
Martín anunció que en el próximo pleno del Ayuntamiento se debatirá una moción que busca que se revise el acuerdo y que el suelo pase de consolidado a no consolidado en el mismo. “Queremos que no se caiga en el mismo error de Cabo Llanos, en el que se regaló terrenos a una empresa privada”, planteó.
El portavoz socialista indicó que, si bien el acuerdo no hace referencia específica a la categorización del suelo, “sí que utiliza constantemente conceptos como regeneración o renovación urbana ligados legalmente al suelo urbano consolidado”. “Si el alcalde tiene tan claro que esto no es así, que apoye nuestra moción y le aseguro que nuestra denuncia no tendrá más recorrido”, retó. En esa línea, Martín lamentó que “este acuerdo que se anunció a bombo y platillo como histórico por CC, si como dice ahora Bermúdez, es solo un acuerdo de voluntades, significa que lo que han hecho es vender humo”. El PSOE pide que tanto el Pleno como la ciudadanía puedan participar en el acuerdo.
Coalición Canaria
La valoración del PSOE no pasó inadvertida para Coalición Canaria, que salió al paso de las declaraciones de la también secretaria general de los socialistas. El portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, cargó contra ella acusándola de “incapacidad” para entender los términos del acuerdo firmado por el alcalde y Cepsa para el desmantelamiento de la Refinería y recuperar 576.000 metros cuadrados para uso ciudadano.
“Solo desde la ignorancia o, peor, desde la mala fe se puede acusar al alcalde de hurtar viviendas públicas, cuando aún no existe concreción en los usos específicos de esos suelos, salvo que pasarán a formar parte de la ciudad y se cambiará el actual uso industrial por otros de carácter residencial, turístico, comercial o dotacional”, afirmó el edil.
Díaz-Estébanez reprochó a quien fuera vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Vivienda que “nunca se haya ocupado de este tema, salvo cuando maniobró para irse a vivir a la residencia oficial de Presidencia en Santa Cruz, teniendo su domicilio habitual en la propia ciudad, o cuando residió en Madrid 12 años a costa de los contribuyentes”. A este respecto, el portavoz lamentó la deriva de los socialistas en Santa Cruz y “sus intentos por hacerse notar a cualquier precio, revistiéndose de una falsa sensibilidad social que deja muestra de sus contradicciones”.
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