El Gobierno de Canarias es responsable en gran medida de que la comunidad autónoma tenga que devolver parte de los recursos destinados en 2017 a la lucha contra la pobreza en las Islas, al tardar cinco meses en firmar el protocolo que habilitaba a los municipios a ejecutar los fondos derivados de la Administración central para tal fin.
La consejera de Políticas Sociales del Gobierno regional, Cristina Valido (CC), había culpado al Estado por haber remitido tarde los citados fondos, y de ahí el consiguiente retraso de los ayuntamientos en ejecutar y justificar estas ayudas. Una demora que obliga a reingresar a la Administración central unos dos millones de euros, más 60.000 euros en concepto intereses, por haber expirado el plazo, tal y como informó en su edición de ayer DIARIO DE AVISOS.
Sin embargo, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno de Canarias no habría tramitado de manera eficaz estos fondos, que al final la comunidad autónoma tendrá que devolver. Así, el 14 de noviembre de 2017 se concedió esta subvención nominativa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por seis millones de euros, mientras que la firma del protocolo entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Consejería de Cristina Valido se produjo en abril de 2018, es decir, cinco meses después de que el Estado concediera el dinero a las Islas para combatir la pobreza. Todas las fechas que se aportan en esta información se pueden distinguir en los documentos a los que ha tenido acceso el DIARIO. A posteriori, se consiguieron otros cuatro millones más para erradicar la alta tasa de exclusión social que afecta al Archipiélago. El desglose de esas cantidades sería el siguiente: cinco millones de euros para el Plan concertado, tres millones para la pobreza infantil y dos para ayudas de Emergencia Social. En total, 10 millones de euros en 2017.
El plazo de ejecución de las actuaciones y su justificación por parte del Gobierno de Canarias se fijó en el 30 de junio y 31 de julio de 2018, respectivamente. En ese momento, la Consejería regional de Políticas Sociales solicitó prorrogar esos plazos y con fecha 26 de junio se ampliaron hasta el 31 de agosto, la ejecución, y el 31 de octubre, de este año la justificación.
No contentos con estas prórrogas, Canarias pidió ampliar el plazo de ejecución hasta este mes de diciembre, petición que fue descartada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social porque se solaparían las dos subvenciones, la de 2017, con 10 millones de euros, más los 12 que se contemplaban en las cuentas de este año. Al tener el mismo fin y ser subvenciones nominativas, desde el Gobierno central se consideró que lo más adecuado era justificar los fondos de 2017, con anterioridad a conceder la de este año. El presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Federación Canaria de Municipios, José Manuel Molina (CC), aseveró ayer a este periódico que, “finalmente, se pudo ejecutar algo más y habrá que devolver casi dos millones de euros, principalmente, los que iban dirigidos a la presentación de proyectos para ayudas básicas”. Molina, alcalde de Tegueste, insistió en que “el dinero nos llegó tarde y lo que pretendemos es que se nos reste de la partida de 2019, que asciende a 30 millones de euros, y que no se nos cobren esos intereses”.
Por su parte, la que ha seguido más de cerca este asunto desde el Parlamento de Canarias, la diputada socialista Teresa Cruz, insistió en que “Valido ya tenía la resolución del Estado y tardó todo ese tiempo para firmar con la Fecam”. Según Cruz, “hubo ayuntamientos que fueron responsables y que reconocieron que no podían ejecutar esos fondos con tan poco tiempo”. Además, tal y como precisó la diputada socialista, “Canarias incluyó varios requisitos para que los ayuntamientos tuvieran que destinar el 37% a la contratación de personal, otro porcentaje a la adquisición de equipamiento y otro a la preservación de esos programas de ayudas, dificultando aún más los expedientes para los municipios”, concluyó.
El REF ancla los 30 millones por muchos años
Los 30 millones de euros previstos en los PGE de 2019 están anclados en el Régimen Económico y Fiscal (REF), siempre que el umbral de pobreza en Canarias supere la media nacional, por lo que esos fondos, desafortunadamente, seguirán llegando a las Islas por muchos años, a no ser que cambie mucho la situación en el Archipiélago. En estos momentos, el riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias es del 40,2%, el segundo más alto de España tras Extremadura -44,3%- y lejos de Navarra, que es la que tiene una tasa más baja, con el 13,5%, y de la media nacional, que está en el 26,6%, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España.
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